Misión Punta Norte sigue vendiendo lotes pese a demandas

Alan Flores

Aprobarlo tuvo como consecuencias violaciones legales, riesgos para la ciudadanía y afectaciones al Programa de Desarrollo Urbano y Centro de Población (PDUCP) de La Paz del 2018, de acuerdo al dictamen y a la parte acusadora.

La audiencia inició a las 9:37 horas en la sala de juicios orales del Centro de Justicia Penal y fue encabezada por la jueza Esmeralda Bethsabet León Bustamante.

La resolución judicial establece que los tres exfuncionarios, como integrantes de la Comisión de Gobernación, formularon un dictamen favorable a un particular, contrario al PDUCP 2018.

La advertencia

El dictamen que ahora figura como prueba clave en el proceso penal fue firmado en noviembre de 2020 por la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, encabezada por el regidor José María Avilés Castro (Morena).

Advertía de manera explícita la improcedencia del cambio de uso de suelo del predio “Zacatecas”, donde se pretendía construir el proyecto Misión Punta Norte.

Diversas dependencias, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Municipal de Planeación (Implan), también emitieron opiniones técnicas desfavorables.

Durante la audiencia, el fiscal Lenin Ortiz señaló que “no se trata de si se modificó el PDUCP, sino de que los servidores públicos votaron a favor de autorizar un uso distinto al que permite ese instrumento de planeación”.

Carlos Arturo Rubio, representante del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) agregó: “Sabían que no podían aprobar ese trámite y aun así lo hicieron”.

¿Cuánta agua necesitaría Punta Norte?

En 2019, la Universidad Autónoma de Madrid estimó que se necesitan alrededor de 500 mil litros de agua por cada 100 metros cuadrados de construcción residencial.

Misión Punta Norte abarca 200 hectáreas con más de 4 mil 600 lotes residenciales; se requerían en la red de agua potable al menos 10 mil millones de litros de agua, lo suficiente para llenar cuatro albercas olímpicas.

La tasa de crecimiento promedio anual entre 2010 y 2020 fue del 3.1%, lo que genera más consumo del vital líquido dejando al acuífero paceño en números rojos.

En La Paz, al menos el 4% de las viviendas no se encuentran conectadas a la red de agua potable; para otros casos, el suministro es por tandeos o la presión es tan baja que el servicio es proporcionado a través de pipas.

En 2024, el Tribunal de Justicia Administrativa resolvió devolver el dictamen aprobado al cabildo por considerarlo notoriamente ilegal.

Sin embargo, la defensa de los vinculados a proceso sostiene que el desarrollo inmobiliario no cuenta con una autorización vigente, ni licencia de construcción válida.

Hasta ocho años de prisión y multas La imputación quedó establecida dentro de la causa penal J443/2025, derivada de la carpeta de investigación LPZ/4446/2021.

¿Qué sigue?

Como medida cautelar, la jueza dictó la obligación de los imputados de presentarse a firmar mensualmente ante el Departamento de Servicios Previos a Juicio.

Se decretó la apertura de la etapa de investigación complementaria por un plazo improrrogable de seis meses, que concluirá el 2 de enero de 2026. La audiencia intermedia fue fijada, a más tardar, para el 23 de enero de ese año.

En caso de ser hallados culpables, los imputados deberán purgar la pena de prisión que se les imponga, ya que no es aplicable la sustitución por multa ni la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia.

El dictamen de 2020, ignorado por la mayoría del Cabildo, hoy podría convertirse en pieza clave para que otros seis exregidores que votaron a favor también enfrenten proceso penal.

¿Cómo ha respondido la empresa?

Advirtió que de este se derivaron actos administrativos como subdivisiones, donaciones y avalúos formalmente aceptados por autoridades municipales.

La resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de 2024 dejó sin efectos la autorización de cambio de uso de suelo, por lo que, en términos jurídicos, el desarrollo está detenido.