Pescadores migran por una mejor vida, ahora peligran
Dos sudcalifornianos detenidos en Estados Unidos enfrentan posible pena de muerte tras un naufragio con víctimas mortales mientras cruzaban de forma ilegal
Dos sudcalifornianos detenidos en Estados Unidos enfrentan posible pena de muerte tras un naufragio con víctimas mortales mientras cruzaban de forma ilegal

Alan Flores
Comondú, Baja California Sur.– Los sudcalifornianos Julio César Zúñiga Luna, de 30 años, y Jesús Iván Rodríguez Leyva, de 26, ambos pescadores de San Carlos, municipio de Comondú, partieron a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero el 5 de mayo pasado un accidente en altamar en el que murieron tres personas los ha alejado de su objetivo y puesto su vida en peligro.
Fueron detenidos tras un naufragio ocurrido en tal fecha frente a la playa de Torrey Pines, en San Diego, donde perdieron la vida tres personas de origen indio, incluido un menor de 14 años.
Las autoridades estadounidenses los acusan de introducir extranjeros con resultado de muerte y con fines de lucro, cargos que podrían derivar en la pena capital y multas de hasta 250 mil dólares, o bien, cerca de cinco millones de pesos.
La comunidad entera se ha volcado en manifestaciones públicas, clamando por justicia. Cerca de 200 personas marcharon el 15 de mayo desde la entrada del pueblo hasta la delegación municipal, en una movilización que culminó en la cancha pública.
Carteles con frases como “No a la pena de muerte” y “Queremos justicia, no injusticia” se alzaron entre lágrimas de madres, esposas e hijas. Negocios colindantes y sus trabajadores del pueblo también colocaron pancartas en señal de apoyo.

“Ellos no lo hicieron por maldad, lo hicieron por necesidad”, gritó Claudia García Urzúa, cuñada de Julio, frente a la multitud. Recordó que ambos, en vez de huir durante el naufragio, ayudaron a rescatar a otras personas.
“Son trabajadores, son padres de familia. No eran coyotes, no tienen antecedentes”. Julio es padre de una niña de siete años; Iván tiene una hija de 10.
El alcalde de Comondú, Roberto Pantoja, se sumó a la protesta: “Estos jóvenes buscaban el sueño americano. No estaban contrabandeando personas ni mercancía. Iban en busca de un mejor futuro para sus familias”.
Pantoja detalló que el ayuntamiento se comunicó con la Secretaría de Gobernación (Segob) y con el consulado mexicano en California para garantizar que los detenidos reciban asistencia legal adecuada. Confirmó también que ya hay contacto con los abogados defensores.

Luis Armando Meza, delegado municipal de San Carlos, declaró que los conoce personalmente desde hace años.
“Son pescadores, buzos, jóvenes trabajadores. Esta comunidad vive de la pesca, pero cada vez hay menos oportunidades. Lo único que pedimos es que se les juzgue con justicia”.
En San Carlos, en el extremo occidental de la península viven entre ocho mil y nueve mil personas; la mayoría depende de la pesca de escama, almeja chocolata, jaiba y almeja generosa.
En entrevista telefónica desde la cárcel de San Diego, Julio agradeció el respaldo de su comunidad. Pudo hablar con su hija, quien a su vez le repetía “Te quiero, papi”. Fue abordado brevemente por El Sudcaliforniano respecto a su situación legal.
“No he tenido contacto con autoridades mexicanas, pero estoy bien, esperando con fe en Dios, sé que pronto me va a regresar con mi familia”, dijo durante una llamada que coincidió con el momento de la manifestación, lo que provocó vítores y llanto entre los asistentes.

Las historias de ambos pescadores revelan la precariedad que enfrentan miles de familias sudcalifornianas.
Marcos Antonio Cázares, dirigente de la Sociedad Cooperativa Punta Banderitas, explicó que Julio trabajó dos años en la recolección de almeja chocolata y almeja generosa; Iván trabajó seis meses como buzo.
“Sacaban hasta 100 kilogramos por marea, lo que les dejaba de 3 mil a 4 mil pesos al día. Pero no se trabaja todos los días: hay vedas de hasta cinco meses y los compradores pagan en abonos”.
El día a día en San Carlos comienza a las cinco de la mañana. Las jornadas pesqueras pueden durar hasta 12 horas.
La economía local depende de la pesca, pero factores como los motores obsoletos, el clima adverso y la falta de plantas procesadoras afectan la continuidad del trabajo.
“Si no sales a pescar, no comes. Y si no hay marea, no hay ingreso. Así de simple”, dijo Cázares.
Aunque existen programas de apoyo con motores o pequeños fondos, “los montos son mínimos”, afirmó.
“La vida se ha encarecido tres veces más que hace seis o siete años. Antes nadie pensaba en el sueño americano. Hoy muchos jóvenes lo consideran su única opción”.
La madre de Jesús Iván, Fátima Leyva, compartió entre lágrimas: “Es buzo, buen papá, buen hijo. Solo quería un futuro mejor para su niña de diez años”.
Eduardo Méndez, amigo cercano, relató que la jornada laboral comenzaba a las 5:00 horas de la mañana y terminaba a veces a las 18:00 horas de la tarde. “Ellos no eran malos. Siempre compartían lo que tenían. Eran conocidos y queridos por todos”.

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El caso de los pescadores se da en un contexto político tenso en Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha solicitado cargos por contrabando con resultado de muerte y pide la aplicación de la Ley Federal de Pena de Muerte. La defensa argumenta que no existen pruebas de que actuaran como traficantes.
Claudia García pidió atención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobernador Víctor Castro Cosío y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que hasta el momento no ha brindado una postura oficial del caso. “No pedimos dinero. Solo que no les quiten la vida. Que se haga justicia, no injusticia”.
El pueblo, entre carteles, oraciones y gritos, espera ser escuchado. “Que el mundo sepa que nuestros hermanos no son criminales. Solo querían vivir”, finalizó.