Proponen 5 años de cárcel por fraude entre parejas en Baja California Sur

Alan Flores

La iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 243 Bis al Código Penal del Estado de Baja California Sur, con el fin de tipificar el delito de “fraude familiar”.

¿De qué se trata la reforma?

El objetivo de la iniciativa es sancionar a quien, en perjuicio del patrimonio común generado durante el matrimonio o concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes sin autorización expresa de su cónyuge o concubina (o).

De acuerdo con la iniciativa leída en tribuna, esta conducta se castigaría con penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre los 113 mil 140 y 339 mil 420 pesos mexicanos.

Collins Mendoza indicó que la violencia patrimonial y económica es una forma de agresión que enfrentan muchas mujeres incluso después de separarse de sus parejas.

“Cuando la mujer decide dar por terminado este yugo, ya sea bajo el régimen de matrimonio civil o en concubinato, se pueden presentar diversos problemas para garantizar una distribución equitativa de los bienes”, señaló.

Agregó que, en muchos casos, “el cónyuge o concubino, con el ánimo de perjudicar al otro, enajena, traspasa o pone a nombre de otra persona o de algún familiar los bienes, afectando el patrimonio de la contraparte, así como a las hijas e hijos”.

Ya existe en otras entidades de México

“Es un hecho que los derechos de las y los integrantes de dichas familias se vulneran como consecuencia de estos actos”, sostuvo Collins Mendoza.

Por ello, la propuesta busca garantizar la protección del patrimonio conyugal y común, en favor de las personas afectadas por estas prácticas.

Suscríbete aquí a la edición digital de El Sudcaliforniano

Hay casos, pero no está tipificado: Diputada

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres han documentado estos casos, aunque la falta de una tipificación penal ha dificultado que sean perseguidos como delitos.

El dictamen se encuentra en proceso legislativo y será la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia la responsable de elaborar el informe que será sometido a votación en el pleno.