Veto parcial a la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos genera debate en BCS
Gobernador Víctor Castro consideró inviable crear un organismo ante la baja población que asegura, se identifica como tal
Alan Flores
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada María Cristina Contreras Rebollo (Morena), dio fe de la recepción a través de la Oficialía Mayor del congreso.
Motivos del veto
El Ejecutivo estatal argumentó que la Ley prevé la creación de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, como organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Según Castro Cosío, esto resulta material y jurídicamente inviable, pues implicaría erogaciones significativas sin cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
“En este caso no se solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración el dictamen oficial de impacto presupuestario, requisito indispensable conforme a la ley”, expuso el gobernador en el veto.
Propuso, en su lugar, crear una “unidad administrativa” dentro de la Secretaría General de Gobierno, evitando así nuevas estructuras y gastos adicionales.
Argumentos de fondo
Para Castro Cosío, la magnitud de estas cifras no justifica la creación de un nuevo organismo descentralizado, pues “los recursos financieros deben atender prioritariamente áreas como salud, educación y seguridad”.
Implicaciones políticas y sociales
El gobernador subrayó que su gobierno reconoce y respeta la contribución histórica de las comunidades indígenas y afromexicanas y aseguró que continuará apoyándolas mediante programas y políticas públicas ya existentes.
“El veto no significa desconocer derechos, sino garantizar un mecanismo viable para cumplirlos”, afirmó.
El debate abierto entre el Ejecutivo y el Legislativo sudcaliforniano se definirá en el congreso, pues los diputados tendrán que decidir si acatan las observaciones del gobernador o insisten en el decreto original.
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Próximos pasos
De acuerdo con la Constitución Política de Baja California Sur, en particular los artículos 58, 60 y 170, cuando el Ejecutivo ejerce el veto parcial, el congreso debe revisar las observaciones y someterlas a discusión.
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