Vivienda con tasa cero continuará en Baja California Sur a pesar del recorte
Los ajustes al gasto federal no impactan los créditos sin intereses de la Comisión Nacional de Vivienda
La Paz, 28 de marzo de 2026
Los ajustes al gasto federal no impactan los créditos sin intereses de la Comisión Nacional de Vivienda
Alan Flores
La Paz, Baja California Sur.— Los ajustes presupuestales anunciados a nivel federal no impactan la operación ni las metas del Programa Nacional de Vivienda en Baja California Sur durante 2026, afirma el coordinador estatal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rogelio Alfonso Martínez Mayoral, quien subraya que, al contrario, el presupuesto del organismo para el próximo año registra un incremento respecto a 2025.
En entrevista para El Sudcaliforniano, el funcionario explica que, si bien el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla una reconfiguración del gasto programable, el programa de vivienda se mantiene como una prioridad del gobierno federal y una estrategia sexenal que garantiza su continuidad.
No veo una afectación directa al programa de vivienda; más bien es un ajuste en la forma en que se ejecutan y distribuyen los recursosRogelio Martínez, coordinador estatal de la Comisión Nacional de Vivienda
Martínez Mayoral detalla que, a nivel nacional, la Conavi ejerce en 2025 un presupuesto aproximado de 34 mil millones de pesos, mientras que para 2026 se prevé un monto cercano a los 35 mil 500 millones de pesos, lo que representa un aumento real.
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Indica que estos recursos se administran desde oficinas centrales, mientras que las coordinaciones estatales realizan principalmente trabajo territorial y de gestión interinstitucional.
Para Baja California Sur, el Programa Nacional de Vivienda contempla una meta sexenal de alrededor de 25 mil viviendas a cargo de la Conavi, dirigidas principalmente a personas que trabajan por cuenta propia o en la informalidad, con ingresos menores a dos salarios mínimos y que no cuentan con una propiedad.
Durante 2025, la Conavi inició proyectos en los municipios de Los Cabos, La Paz y Loreto, con más de mil 300 acciones de vivienda.
En este proceso se realizan asambleas públicas y sorteos para seleccionar a las personas beneficiarias, bajo un esquema que, de acuerdo con el coordinador, garantiza transparencia, equidad y “cero intermediarios”.
Para 2026, el programa prevé ampliar su cobertura con nuevos proyectos en Los Cabos y La Paz, además de iniciar acciones en Comondú y Mulegé, y concluir las metas pendientes en Loreto.
Estas acciones, explica Martínez Mayoral, dependen de una estrecha coordinación entre el gobierno federal, el estado y los ayuntamientos, particularmente en la aportación de suelo, servicios básicos y permisos.
El coordinador estatal reitera que las viviendas del programa tienen un costo estimado de “alrededor de 600 mil pesos”, financiadas a través de la Financiera para el Bienestar con tasa de interés cero, lo que permite que el monto final a pagar sea el mismo que el establecido al inicio del crédito.
El programa contempla dos tipos de vivienda: De 60 metros cuadrados, destinadas a núcleos familiares y entregadas en propiedad y viviendas de 45 metros cuadrados en modalidad de renta, dirigidas a jóvenes y estudiantes. Estas últimas representan alrededor del 20% del total de viviendas en cada proyecto.
Los desarrollos deben destinar al menos 30% de su superficie a áreas comunes, con espacios para recreación, convivencia y servicios, y ubicarse en zonas con acceso a transporte público, agua potable, drenaje y seguridad.
Martínez Mayoral hace un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a no dejarse engañar por supuestos gestores o intermediarios.
Recuerda que los procesos de registro se realizan de manera presencial, mediante convocatorias públicas, y que la selección de beneficiarios se define en sorteos abiertos.
Subraya que el Programa Nacional de Vivienda busca revertir la lógica de la vivienda como un producto inaccesible y consolidarla como un derecho.
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“Es un esfuerzo de largo plazo para que más familias sudcalifornianas puedan acceder a una vivienda digna y adecuada, sin que los ajustes presupuestales comprometan ese objetivo”, concluye.
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