Aumentan reportes de desaparición de menores en Baja California Sur
Los Cabos es el municipio que concentra más de la mitad de las fichas activas en el Registro Nacional
Los Cabos es el municipio que concentra más de la mitad de las fichas activas en el Registro Nacional

Gilberto Santisteban Flores
La Paz, Baja California Sur.- De acuerdo con datos publicados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno de México, en lo que va del 2025, Baja California Sur documenta un incremento en los reportes relacionados con niños, niñas y adolescentes extraviados.
Las cifras de este sistema revelaron que de enero a la fecha hay 32 fichas activas de menores de edad que siguen en calidad de no localizados, esto frente a los cuatro casos reportados en el mismo periodo de 2024.
Los 32 casos se distribuyen entre los municipios de la siguiente forma: 17 en Los Cabos (53.1%), 11 en La Paz (34.4%), tres en Mulegé (9.4%) y uno en Loreto (3.1%).
Autoridades locales advierten que este aumento puede deberse también a un desfase que existe entre el registro estatal y el nacional, así como un fenómeno de violencia familiar.
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Al respecto, la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Baja California Sur, Lizeth Collins Collins, expuso que este año han recibido 150 reportes sobre menores desaparecidos en toda la entidad, de los cuales 134 ya fueron localizados y 16 mantienen una ficha de búsqueda activa.
La funcionaria recalcó que una gran parte de los casos que llegan, la localización se da a la brevedad, casi en las primeras horas.
Lizeth Collins planteó que existe una diferencia de 16 fichas activas entre el registro estatal y el nacional, lo cual se debe a diversos requisitos que solicita el Gobierno de México para aceptar una baja en el sistema.
Sin embargo, aún con este desfase entre los datos locales y los federales, existe un aumento del 300% en los reportes de no localización de menores.

“Lo que estamos advirtiendo ahorita es que en el Registro Nacional hay algunos casos activos que las personas ya están localizadas, sin embargo, por algún dato que el Registro Nacional requiera como obligatorio para la baja, es que estamos en ese proceso de poder lograr esa baja”, comentó.
Exhibió que el Registro Nacional tiene ciertos campos que son obligatorios, con determinada información y documentos específicos, como un CURP, una fecha de nacimiento o la prueba de vida.
Existen muchos casos en los que, desde que se da el reporte de la no localización, no pueden tener acceso a estos datos o información. Esto, según la comisionada, dificulta la baja inmediata en el Registro Nacional.
Por ahora, dijo, revisan cada expediente para lograr que se actualicen los datos entre el plano local y el federal.
“Entre otras cosas tiene que ver con las propias cargas de la institución que a veces nos lleva un poco de retraso, sin embargo, hemos estado haciendo nuestro mayor esfuerzo. Primero de mantener la homologación del Registro Estatal con el Registro Nacional, no sólo en el caso de niños, niñas y adolescentes, sino de todos los reportes que reciben”, declaró.
Por otra parte, Lizeth Collins subrayó que en el caso del Protocolo Alba, el cual es un mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres, adolescentes y niñas reportadas como desaparecidas en México, es público y muy visible y en las primeras horas se desactiva con la leyenda de persona localizada, de acuerdo con la información que sube la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a sus páginas oficiales.
Con respecto a lo que podría ser un detonante de que las y los menores huyan de casa o desaparezcan durante horas, la titular de la Comisión coincidió en que una de las causas es el fenómeno de violencia familiar en los hogares sudcalifornianos.
Particularmente La Paz y Los Cabos son dos lugares en donde identifican este problema, por lo que han planteado estrategias de cooperación interinstitucional para atacar la situación.
“En los contextos de estos reportes que se han dado, sí han advertido el caso de situaciones de violencia, incluso algunas molestias con padres y madres de familia; conflictos familiares que provocan que las y los menores salgan de sus casas. Incluso hay ocasiones en que salen de sus planteles educativos y ya no van a sus hogares”, reiteró.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tomando el periodo de enero a octubre de 2023 y 2025, Baja California Sur registra un incremento de casi el 10% en las carpetas de investigación abiertas por el delito de violencia familiar.
En esos meses del 2023 se documentaron dos mil 565 casos, mientras que en 2025 se han contabilizado ya dos mil 781.
Autoridades de la PGJE han expuesto en cruzadas como “Párale a la Violencia” que las mujeres y menores de edad son las principales víctimas de este delito.
En entrevista para El Sudcaliforniano Rosalba Ibarra, representante del colectivo Búsqueda x San José y Cabo San Lucas, expuso que la desaparición de menores no es un tema nuevo en el municipio de Los Cabos y desde 2016 se han dado casos.
Recalcó que son muchas las razones por las que una persona puede ser víctima de desaparición, incluyendo a menores; desde estar en el momento o lugar equivocado o conocer a la gente equivocada.
Explicó que, aunque que sí es real que muchos de los Protocolos Alba que se activan son por problemas familiares o nada de gravedad y que este tipo de mecanismos ayuda, no todos los casos se deben a un problema de violencia en el hogar.
“Todas esas personas que desaparecen por asuntos familiares aparecen muy rápido, en horas o más tardar en una semana, pero los demás que están pendientes no pueden deberse a un asunto familiar”, recalcó.
En su experiencia como líder de un colectivo, menciona que las mismas familias han llegado a advertir posibles conflictos que pudieran tener relación con el crimen organizado u otro fenómeno de violencia, por lo que se alerta sobre un riesgo de vida.
“Me da muchísimo coraje que agarren esa línea para justificar la no localización de tantos jóvenes aquí en el municipio”, comentó.
Desconoce cuántos registros hay en total sobre desaparición de menores en Los Cabos, pero enfatizó que existen casos no tan conocidos o viralizados.
A esto suma que en muchas ocasiones se enfrentan a la revictimización cuando intentan denunciar un caso, en situaciones en las que llegan a ser señalados como malos padres o madres por no haber evitado la desaparición de sus hijos o no saber dónde se encuentran.
“Las mismas familias por el miedo no manifiestan o no se hacen visibles los casos. Muchas amenazas, incluyendo las mismas amenazas que te hace la Procuraduría cuando tú llegas e interpones una denuncia, primero haciéndolos sentir culpables a las mismas víctimas y a los padres de no cuidar a sus hijos menores de edad, etc…”, señaló.
Rosalba comparte que siguen trabajando como colectivo, también buscando cuidarse a sí mismo ante los riesgos que implica el rastreo de personas desaparecidas, por ello también exhortó a extremar cuidados de niños, niñas y adolescentes y reforzar los vínculos familiares como método de auto protección.
“La verdad, la única solución que yo en este momento puedo aconsejar a todas las personas es cuidar a sus hijos en extremo. Ya depende de nosotros, porque sabemos que las autoridades no están encontrando personas”, expresó.
En Baja California Sur hay casos de que han dejado huella y han despertado la indignación social. Uno de ellos es el de Lizeth Soto, de ocho años de edad, que en octubre de 2010 se reportó su desaparición en la colonia Camino Real, al sur de La Paz.
Melchor Soto, padre de Lizeth, contó a El Sudcaliforniano que el caso hasta la fecha no se ha judicializado y tampoco se mueve. Cuando se registró el hecho no había una fiscalía especializada en desaparición de personas en Baja California Sur.
Incluso Melchor y su familia fueron investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con acusaciones que les revictimizó y les marcaron.
A 15 años, Melchor sigue en la lucha y no pierde la esperanza de encontrar a Lizeth, también lo hace por otros, recalcando que Baja California Sur no cuenta con un Sistema Estatal de Atención a Víctimas, lo que imposibilita el acceso a la asesoría jurídica y psicológica ni al fondo de apoyo.
Otro hecho reciente fue la desaparición de Xandro Jesús Torres Procopio, de 17 años de edad, caso que se registró el 26 de junio de 2025 en Cabo San Lucas.
Xandro iba en compañía de Pablo Figueroa, de 21 años de edad, cuando se reportó su no localización, sin embargo, este hecho dio un giro cuando el 30 de julio el titular de la PGJE, Antonio López Rodríguez, informó sobre la detención de seis elementos de la Policía Municipal de Los Cabos acusados de la desaparición de los dos jóvenes.
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El 7 de agosto se confirmó el hallazgo de los dos cuerpos sin vida, según dio a conocer la PGJE. Hasta la fecha los agentes siguen en prisión preventiva acusados del delito de desaparición forzada de personas.