Denuncian ante la FGR “destierro” ilegal de 92 presos mexicanos a Estados Unidos

Bere Luna

Los abogados recalcaron que no hubo una solicitud formal de una autoridad extranjera que fuera procesada debidamente, ni tampoco un mandato judicial emanado de un juez mexicano que autorizara su entrega a otro país.

Esta situación, acusaron, constituye una violación flagrante al marco constitucional, a la legislación nacional vigente y a los diversos tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y está obligado a respetar.

Opacidad en los acuerdos y señalamientos de “destierro”

En un emotivo llamado, Vanessa expresó la angustia de las familias al no tener información sobre el paradero o estado de los trasladados: “Al día de hoy no sabemos de él, no ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida. Solicitamos que, por favor, la haga”.

La denunciante señaló de manera contundente que el envío de su pareja representó, en la práctica, un “destierro” que rompe con la tradición jurídica del país.

El litigante advirtió que estas acciones se realizaron sin control judicial y en perjuicio directo de los derechos de las personas privadas de su libertad.

Aseguró que los hechos encuadran plenamente en el delito de coalición de servidores públicos, ya que se utilizó el aparato y el poder público para producir un resultado ilegal que contraviene el interés nacional y la soberanía del país.

Asimismo, otros abogados que representan a personas trasladadas durante el transcurso del año 2025 advirtieron que el caso de este mes no es un hecho aislado.

Por el contrario, señalaron que se trata de una práctica sistemática que ha vulnerado de forma explícita los derechos humanos y civiles de, al menos, 92 personas que se encontraban privadas de su libertad en México.

Estos ciudadanos fueron enviados de manera masiva a los Estados Unidos bajo una figura jurídica inexistente en la legislación mexicana, lo que incrementa la gravedad de la denuncia presentada ante la FGR.

Intervencionismo extranjero y el llamado a la soberanía nacional

Los representantes legales explicaron que la configuración del delito de coalición de servidores públicos es evidente al considerar que diversas autoridades federales actuaron de manera concertada.

Finalmente, los familiares y los equipos legales hicieron un llamado urgente a las autoridades mexicanas, así como a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Instaron a la opinión pública, tanto en México como en los Estados Unidos, a examinar minuciosamente este caso, el cual coloca en el centro del debate nacional el respeto al debido proceso y la defensa de la soberanía frente a presiones externas.

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