Bien dicen que en los momentos de crisis es donde se ve de qué están hechas las personas o, en este caso, las instituciones. Obviamente nos referimos a la crisis migratoria que se vive actualmente.
DESCONTENTO
Si bien en Mexicali no se han realizado deportaciones masivas, en Tijuana ya se han comenzado a observar dichas deportaciones, mismas que según información de asociaciones civiles en Estados Unidos, se están realizando en plena violación de derechos humanos, interceptando personas por su apariencia en las calles y centros comerciales del vecino país. Además, esto se sumó a la cancelación de citas de CBP One, en la que personas migrantes buscaron de manera formal solicitar asilo político en Estado Unidos y ahora muchos de ellos se encuentran varados en las ciudades fronterizas de México, dejando su vida en el pasado y ahora con un futuro incierto.
Al respecto, las autoridades gubernamentales en México han reaccionado de forma tardía y con un recurso realmente limitado, ya que la administración de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ha reducido 54% el presupuesto para atender temas migratorios, situación que empeora la atención de por sí disminuida del ex presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Sin embargo, y aunque lo más prudente es exigirle a las autoridades lo que es su obligación, existen otras organizaciones que navegan con bandera altruista, pero que en casos de crisis han brillado por su ausencia, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), misma que es una extensión de la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), la que dice velar por la paz entre naciones y el respeto a los derechos humanos.
Desde La Voz de la Frontera se solicitó una entrevista referente a la actual crisis migratoria, y en concreto sobre las personas que no lograron acudir a sus citas de CBP One. Sin embargo, la OIM ha optado por cerrar el flujo de información, al igual que el gobierno de México, bajo el pretexto de que “están analizando las órdenes ejecutivas emitidas y siguiendo su proceso de implementación”. Claro, esa explicación tiene bastante sentido. Es lamentable que en momentos de crisis migratoria la que se supondría debería ser la máxima organización de apoyo a dicho sector, no sólo no está actuando, sino que además rechaza emitir una postura en contra de la violaciones a derechos humanos que el gobierno estadounidense está realizando. Al menos la vocera de la ONU, RAVINA SHAMDASANI, emitió una declaración reciente respecto a respetar los derechos de los migrantes, pero la OIM no ha dado ningún comunicado o posicionamiento al respecto.
Quienes se encuentran más que inquietos por las reformas a la Ley Nacional de Aguas, que se cuece a nivel federal, son los agricultores y presidentes de los 22 módulos de riego que conforman el Distrito 014, S. de R.L. Río Colorado. Y es que el próximo martes se realizará un foro por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la creación de una Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Sin duda, el temor no es infundado, dado que se busca establecer que el agua no se comercialice, que se privilegie el uso humano y que las concesiones que no se usen, sean devueltas a la nación de manera voluntaria. Esto viene junto con el Plan Nacional Hídrico y el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Sustentabilidad, firmado en noviembre del año pasado, en donde el director de la Conagua, EFRAÍN MORALES LÓPEZ, informó que 13 de los 69 Distritos de Riego del país devolverán a la nación de forma voluntaria 2 mil 800 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua, de los cuales, al Distrito de Riego 014, S. de R.L. Río Colorado, que abarca el Valle de Mexicali y el de San Luis Río Colorado, Sonora, aportaría de manera “voluntaria” 318 Mm3.
El problema es que al parecer el director de Conagua lanzó el compromiso sin siquiera haber consultado al Distrito de Riego 014, ni mucho menos a los usuarios. Y es que ante los bajos precios de los cultivos tradicionales, un promedio de 70 mil hectáreas se han dejado de sembrar. Hay que recordar que en este 2025 el recorte de agua será bárbaro, pues tan solo del Acta 323 del Tratado Binacional de Aguas, se dejarán de recibir 99 Mm3, más otros 246 Mm3 por el Acta 330, es decir, se descontarán este año 345 Mm3.
A eso hay que sumar los 318 Mm3 que les quiere “rasurar” Conagua. Y no es que a unos les quiten el agua y a otros no, sino que el corte es parejo, por lo que con estas disminuciones temen los agricultores que no les alcance el agua ni para sembrar trigo. Y como también se quieren eliminar las transferencias de agua, sin que haya nadie que los defienda, es cuando uno se pregunta: ¿Y nuestros caros diputados federales y senadores dónde están?
