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Un evento bastante desangelado fue la ceremonia de conmemoración del 30 aniversario del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), que preside el magistrado JAIME VARGAS FLORES. Hay que recordar que el TJEBC nunca ha estado fuera de la polémica por sus históricas resoluciones que en varias ocasiones han sido tanto ratificadas, como rechazadas por instancias superiores. Héroe para algunos, villanos para otros, el Tribunal dirime las diferencias en las elecciones que son tan cerradas que no se definen en las urnas, sino en los tribunales. Sin embargo, hubo quienes no le dieron la importancia a este organismo, como la presidenta del Poder Legislativo del estado, EVELYN SÁNCHEZ SÁNCHEZ, que de plano ni siquiera envió representante, a pesar de que hubo varios diputados presentes en la ceremonia celebrada en el Teatro de la Casa de la Cultura.
La gobernadora MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA envió representante, ya que en ese momento se encontraba celebrando el aniversario del refugio Mily. También la alcaldesa NORMA BUSTAMANTE MARTÍNEZ envió representante, pero quien sí acudió fue el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura, ALEJANDRO ISAAC FRAGOSO LÓPEZ. Y lo hizo muy contento porque ya se registró para participar en el proceso local para la elección de autoridades judiciales locales.

El integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del PJF 2024-2025, JORGE MONTAÑO VENTURA, admitió que son tantas candidaturas para la elección judicial, que es imposible asignarles tiempo en radio y televisión a cada una, tampoco habrá debates. Es decir, las ministras y ministros que salen a diario en los medios nacionales tienen una gran ventaja sobre los litigantes o jueces que de plano se dedican a hacer su trabajo y no a hacer grilla política. Además, el ciudadano interesado deberá ingresar a un micrositio que se encontrará en el portal del INE, donde cada aspirante subirá información sobre cosas bonitas de sí mismos. ¿Acaso pensarán en el INE que cada mexicana y mexicano cuenta con un teléfono inteligente, con internet, así como la habilidad para ingresar a estos micrositios y buscar información? Habrá que ver si alguna candidata o candidato a la Presidencia de la República, diputación, gubernatura o alcaldía se anima a hacer campaña de esta forma. Aunque no sería mala idea, así se ahorrarían muchos recursos.
El polémico ex secretario del Agua, SALOMÓN FAZ APODACA reapareció al acudir como representante del comisionado nacional del PT en Baja California, el ex gobernador JAIME BONILLA VALDEZ. Hay que recordar que el gobierno estatal quiere mandar a la sombra a FAZ APODACA por el caso de la planta fotovoltaica, asunto del que -dice- está muy tranquilo. Y es que hace unos días logró una pequeña, pero significativa victoria, cuando solicitó cambio de juez, ya que consideraba que la impartidora de justicia estaba siendo parcial, favoreciendo al gobierno del estado. Cuando se hizo la petición, la juez preguntó a los fiscales si estaban de acuerdo con la visión de que ella estaba siendo parcial, a lo que los acusadores refirieron que no. Obviamente no van a estar de acuerdo con que se cambie de juez si a ellos es a quien se está favoreciendo.
Aunque prometió deportar a millones de migrantes ilegales en la mayor operación de la historia de Estados Unidos, el presidente DONALD TRUMP deportó a 37 mil personas en su primer mes en el cargo. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se trata de una cantidad menor a la media mensual de 57 mil expulsiones en el último año completo del gobierno de JOE BIDEN. La portavoz del DHS, TRICIA McLAUGHLIN, dijo que las cifras de deportaciones de la era BIDEN parecían “artificialmente altas” debido a los mayores niveles de inmigración ilegal. No obstante, las deportaciones podrían despegar en base a los acuerdos con Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica para recibir deportados de otros países. Mientras tanto, el gobierno estadounidense está tomando medidas para facilitar la detención de inmigrantes sin antecedentes penales y para detener a más personas con órdenes de deportación.