Reconoció que no existe un plazo para la entrega de los estudios financieros de la institución, ni para presentar la reforma para su análisis y aprobación.
“Lo ideal es sacar una reforma lo más pronto posible con el propósito de sanear las finanzas del Issstecali y con ello garantizar y mejorar el derecho de todos los afiliados”, declaró.
Como usted pudo leerlo en la portada de LA VOZ DE LA FRONTERA del pasado sábado 1 de marzo, este periódico realizó una solicitud de información a la Fiscalía General de Baja California en la que pidió que se proporcionara el número de pesquisas por la desaparición y no localización de personas en los últimos 5 años, así como el número de localizados y aquellos que aún permanecen desaparecidos, todos desglosados por sexo y edad de las víctimas. Sin embargo, la autoridad fiscalizadora, a través de la Fiscalía de Unidades Especializadas encabezada por FIDEL CORVERA GUTIÉRREZ, optó por reservar la información 5 años, ya que supuestamente perjudicaría las investigaciones que estaban en curso.
No es la primera vez que las autoridades de la Fiscalía General del Estado se rehúsan a dar cifras de desaparecidos en la entidad, anteriormente el ex titular de la Fiscalía, RICARDO IVÁN CARPIO, tampoco pudo dar una cifra exacta de desaparecidos bajo el pretexto de que los casos estaban divididos en dos tipos de delitos: Desaparición Forzada y No Localización. Inmediatamente después de que MARÍA ELENA ANDRADE RAMÍREZ llegó al cargo, aseguró que el tema de las desapariciones sería una prioridad en su administración, tanto que anunció la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, supuestamente aprobada su creación desde noviembre de 2023, aseverando que incluso tendrían sus propios edificios en Mexicali y Tijuana. No obstante, hasta la fecha dicha Fiscalía no tiene edificios y no se ha designado a un titular. Si a esto sumamos la reserva de la información firmada por el fiscal de Unidades Especializadas, podemos deducir que todo fue un circo y realmente nunca existió una Fiscalía dedicada específicamente a la investigación de desapariciones.
Ahora bien, este lunes CORVERA GUTIÉRREZ dijo en rueda de prensa que no proporcionaron la información solicitada, ya que “era mucha” y podría perjudicar las investigaciones. Sin embargo, tampoco reveló cifras de personas desaparecidas. Es fecha de que en Baja California no se tienen datos oficiales por parte de la Fiscalía respecto al número de carpetas de investigación abiertas por estos casos y una hipótesis que nos salta a la cabeza es que son tantos casos que prefieren no dar la cifra oficial, ya que esto desestabilizaría la imagen pública de la Fiscalía y el gobierno estatal, algo parecido a “ojos que no ven, corazón que no siente”.
Según el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha habido un aumento exponencial en los últimos 10 años. Este hecho también ha sido documentado por la organización Elementa DDHH, que cuenta con datos específicos de desaparición forzada en Baja California, mismos que a través de mecanismos legales obligaron a la FGE a entregar, en donde ubican a la entidad como la que registra más carpetas de investigación por desaparición forzada de todo el país, cifra que al igual que el Registro Nacional ha aumentado desde 2018.
El consejero jurídico del gobierno estatal, JUAN JOSÉ PON MÉNDEZ, informó ayer que las reuniones de trabajo para la reforma al sistema de pensiones del Issstecali se llevarán a cabo hasta que finalicen las auditorías. Indicó que esperan los estudios actuariales “y una vez hecho eso, estaríamos en la posibilidad de podernos reunir, hasta el momento no hay ninguna reforma en concreto sobre la reforma al Issstecali”, reiteró.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda, MARCO MORENO MEXIA, declaró en noviembre del año pasado que la reforma que se pretende realizar al Instituto es con el objetivo de que sea el gobierno estatal el que continúe solventando el déficit. El pasado 30 de enero, el Sindicato de Burócratas de Baja California entregó en la oficina del Ejecutivo Estatal un desplegado con 26 propuestas de reingeniería financiera para la institución con el propósito de evitar la reforma, entre éstas destacan requerir el pago del adeudo histórico de ayuntamientos y paraestatales morosos; promover ante el Congreso local una reforma para inhabilitar funcionarios o servidores públicos que desvíen o retengan cuotas o aportaciones que corresponden al Issstecali, entre otras.
