La semana pasada volvió a surgir la discusión sobre el INAI. ¿Qué está pasando? El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, un organismo creado para garantizar el acceso a la información pública.
Ahora lo están desapareciendo. Analicemos dos puntos clave:
Recordemos que todo el dinero que maneja el gobierno es dinero de las personas, por lo que tenemos derecho a saber en qué se gasta cada peso. Si quieres conocer cuánto gana un diputado o el costo del tope que colocaron frente a tu casa, puedes preguntar y el gobierno está obligado a responder con información clara y justificada.
Sin embargo, en muchos casos las autoridades han evadido estas preguntas o simplemente no han respondido. Ahí entraba el INAI: Si el gobierno no cumplía, el Instituto intervenía para garantizar el derecho a la información. Por eso su autonomía era clave. Si dependiera del gobierno, ¿cómo podríamos confiar en que respondería con transparencia?
1.Dicen que cuesta mucho. Pero el INAI representa sólo el 0.01% del presupuesto nacional, costándonos $7.79 pesos anuales por mexicano. En contraste, la corrupción en México nos cuesta 500 mil millones de pesos al año, es decir, casi 4 mil pesos por mexicano. Es 500 veces más cara que el INAI. ¿Realmente el problema es el costo o la incomodidad que genera para algunos políticos?
2. Dicen que hubo mal manejo de recursos. Si esto es cierto, quienes hayan cometido irregularidades deben ser sancionados. Pero los delitos los cometen personas, no los institutos. Siguiendo su lógica, si un diputado es corrupto ¿deberíamos desaparecer el Congreso entero? La justificación para eliminar el INAI es absurda e insostenible.
¿Qué hacemos? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Además de exigir que se respete nuestro derecho a la transparencia y su autonomía, debemos presionar a los Congresos estatales para que establezcan organismos locales de acceso a la información que sean realmente autónomos. Si el gobierno federal insiste en absorber la transparencia nacional, al menos a nivel estatal debemos garantizar que los ciudadanos podamos seguir fiscalizando el uso de los recursos públicos. Porque cuando el gobierno se vuelve juez y parte, la opacidad y la corrupción van de la mano.
