Anticipan amparos por fusión de C5 a Fiscalía

Es obligación del estado ofrecer seguridad y prevenir actos delictivos, insiste el CCSPM

Mariela Tapia

Por considerar que la Fiscalía General del Estado de Baja California estaría siendo juez y parte en el proceso de investigación contra las personas que cometan delitos al fusionar las atribuciones del C5, con las de la fiscalía, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali, Ángel Zaizar Prado, advirtió que anticipan que los abogados defensores interpondrán amparos que beneficiarán a los que delinquen.

El empresario recordó que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California y los cinco comités municipales que lo integran están en contra de dicha fusión, al considerar que se está atentando en contra de la autonomía de la Fiscalía y que se está quitando atribuciones el Ejecutivo Estatal, pues esta segunda instancia es la responsable de ofrecer la seguridad pública y acciones de prevención de actos delictivos.

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“(La fusión) tiene muchas fallas, es un error tipo constitucional, porque la obligación de la seguridad y del control y la prevención pertenece al Ejecutivo del Estado (a través del c5) y si tu eso se lo das a un órgano autónomo, como es la fiscalía, pues les estás quitando su naturaleza de autónoma”.

Reiteró que preocupa que con esa fusión en la que la Fiscalía contará con las atribuciones del C5, institución que coordina como Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, se está aceptando que la fiscalía no es autónoma.

Al tener la fiscalía la atribución de operar y observar las cámaras de seguridad, recibir las llamadas de emergencia que la ciudadanía reporta al 911, entre otras, los que se dedican a la defensoría de las personas que cometan algún delito, pueden alegar que la autoridad está manipulando las imágenes tomadas de los incidentes que eventualmente se integran a las carpetas de investigación.

“Esperamos que el Ejecutivo del Estado vea eso, que vea que le está quitando lo autónomo a la fiscalía y al mismo tiempo se está quitando una obligación constitucional que tiene: ofrecer la seguridad pública y prevención de incidencia delictiva. Si le estas dando a la fiscalía, estás diciendo que eso ya no te corresponde a ti, es incongruente”, finalizó el empresario.

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Por su parte, la fiscal general en Baja California, María Elena Andrade Ramírez, indicó que las dos instituciones en mención compartirán las tareas del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C5) con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Dijo que se reunirá con el nuevo secretario Laureano Carrillo Rodríguez, para realizar un convenio y acordar cuáles áreas del C5 tendrá cada institución.

Andrade Ramírez informó que buscarán tener toda aquellas áreas que tengan relación con el proceso de investigación para los casos, como lo es el acceso a las cámaras de seguridad o las llamadas al 911.