Congreso de BC penaliza falsificación de pruebas y “renta” de testigos

El diputado Diego Echevarría Ibarra aseveró que se han detectado ese tipo de prácticas principalmente en casos de despojo

Aprueban penas por falsificación de pruebas y “renta” de testigos — / Sergio Caro / La Voz de la Frontera

Christian Galarza

El fraude procesal, como la “renta” de testigos y la presentación de pruebas falsas, será penado hasta por 6 años de prisión en Baja California, de acuerdo a la reforma recién aprobada en el Congreso del Estado.

El diputado Juan Diego Echevarría Ibarra, uno de los legisladores inicialistas de la reforma, mencionó que la propuesta también estableció el retiro de cédulas profesionales hasta por 5 años a los abogados que participen en dichos fraudes.

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Explicó que detectaron redes criminales en el Estado dedicadas específicamente al despojo de propiedades mediante contubernio con autoridades judiciales, motivo por el que en su momento presentaron propuestas en el Congreso para ampliar los supuestos del delito de despojo.

En ese sentido, mencionó que se presentó una iniciativa, adicional a dichas reformas, para establecer penas de entre 1 y 6 años por el delito de fraude procesal, en la simulación de actos jurídicos. Es decir, en contra de aquellas personas que “renten” testigos, o se dejen rentar, y a quienes presenten pruebas falsas en los procesos judiciales.

“Ahora se rentan hasta testigos que van de juicio en juicio, de caso en caso, siendo participe de una simulación de un acto jurídico (...), adicional a eso si falsifican pruebas, simulan que ya tenían 5 años, 10 años viviendo en alguna propiedad. Por eso establecimos en el Código Penal algunos supuestos de la simulación de los actos jurídicos”, explicó.

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Asimismo, señaló que la reforma también establece la suspensión de cédulas profesionales a los abogados que participen en dichas simulaciones de actos jurídicos.

“Hay abogados que lamentablemente se dedican a esto, a andar quitando propiedades a la gente aquí en nuestro Estado, simulando precisamente actos jurídicos con documentos, con testigos”, detalló.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) recordó que en La Rumorosa, en Tecate, detectaron incluso una serie de publicaciones en donde personas ofrecían sus servicios para “cuidar” propiedades, mientras los propietarios no se encontraban en la localidad, situación que aprovechaban para demandar de “buena voluntad” a los propietarios y terminaban por despojarlos de dichas propiedades.

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Dicha iniciativa, presentada por los diputados Echevarría Ibarra y por Ramón Vásquez Valadez y que reforma el artículo 325 del Código Penal del Estado, fue aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso del Estado.

Al respecto, el diputado Jorge Ramos Hernández, aseveró que la invasión de predios, así como la articulación de artimañas legales, se han vuelto una práctica común en la entidad.

“No solamente entre particulares, sino también en donaciones que hacen fraccionamientos que ya no aparecen o que dejaron de estar en funcionamiento, y no se perfeccionó la entrega del donativo, quedan en el limbo esos predios, y han estado mal utilizando la práctica del derecho para poderse quedar con esas propiedades”, abundó.

De igual manera, los legisladores morenistas Juan Manuel Molina García y Jaime Eduardo Cantón Rocha felicitaron a los diputados inicialistas de la propuesta, reconociendo que los despojos son una práctica importante que aqueja a la ciudadanía de Baja California.