Busca PRI garantizar el derecho ciudadano a la revocación de mandato

Desde 2020 se encuentra establecido en la Constitución local la revocación de mandato, pero los diputados locales han sido omisos en la creación de las leyes secundarias

Rueda de prensa PRI / Alejandro Domínguez

Alejandro Domínguez del Hoyo

Debido a que el congreso local ha sido omiso en legislar las leyes secundarias sobre la revocación de mandato, contemplada desde el 2020 en la Constitución local, el PRI buscará que el IEEBC haga valer este derecho ciudadano, informó su secretario jurídico, Joel Abraham Blas Ramos.

En rueda de prensa encabezada por el dirigente estatal del PRI, Álvaro Aldrete Gruel, en la que se dio a conocer que el PRI, PAN, MC y el PT, solicitaron al Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEBC), empiece a trabajar lineamientos para la revocación de mandato.

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“Derivado a que aun, cuando en el 2020 ya se estipuló en la Constitución local este derecho a la ciudadanía, esto no se ha materializado en las leyes secundarias, ¿cuál fue la respuesta del Instituto?, escozor, debate, malestar, y que prácticamente, nos ignoraron, cerraron la sesión sin ni siquiera someter a votación”.

Bajo eta situación, acudieron al Tribunal de Justicia Electoral en un recurso de inconformidad impulsado por el PRI, una sentencia en la cual obliga al IEEBC obliga a hacer un análisis en una sesión exclusiva, únicamente para tratar este tema que propone el PRI, que se realizaría la tarde de este 7 de julio.

Mientras que en la sesión del 29 de mayo, los consejeros electorales pidieron una oportunidad de ir trabajando los lineamientos, solo trabajaron 9 hojas, en las cuales pudieron en tela de juicio la legalidad de este tema, ya que señalan que se turne para que se analice la viabilidad jurídica.

“Es decir, ni con sentencia, los consejeros electorales se están atreviendo a tocar el tema de la revocación de mandato, ¿cuál es escozor, cuál es el miedo que tienen los consejeros electorales a tratar de frente, un derecho ciudadano establecido en la Constitución?”

Los consejeros electorales están poniendo en tela de juicio a la Constitución local, cuando lo que están pidiendo es que los ciudadanos puedan utilizar la revocación de mandato en contra de la autoridad que quieran, no van contra alguien en especial.

Blas Ramos señaló que si el resultado de la sesión no satisface lo establecido en la sentencia, volverán a acudir a un procedimiento de ejecución de sentencia, o en su caso, también pueden acudir a los diversos tribunales, para defender este tema en particular.

Comentó que el ejemplo de un ejercicio de revocación de mandato se encuentra en la legislación federal, en la que se establece que se deben recaudar un 1 % de firmas de ciudadanos inscritos en el listado nominal, después se procede a analizar la pregunta y se hace la elección.

Recordó que el IEEBC ya cuenta por ley, con un presupuesto establecido para la realización de este tipo de ejercicios de participación ciudadana, que es de 12 millones de pesos, por lo que por recursos, no deben parar.

Con respecto a la vinculación al resultado de un ejercicio de revocación de mandato, la legislación federal establece un 40 % de participación ciudadana, pero en lo que respecta a la autodeterminación de los estados, ese porcentaje resulta irreal, ya que en una elección constitucional, Baja California no registra ese nivel de participación, por lo que se deberá establecer un porcentaje de acuerdo a la realidad.

Una vez que se aprueben los lineamientos para la revocación de mandato, se pueden aplicar sobre los gobernantes estatales y municipales actuales, porque el ciudadano no ha tenido el derecho ya establecido en la constitución.

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Blas Ramos aclaró que el Consejo General el IEEBC asumiría las competencias del Poder Legislativo en el caso específico de aplicar un derecho ciudadano, no pueden legislar, pero para que el ciudadano tenga la oportunidad de hacer valer estos derechos, cree lineamientos, para que cualquier ciudadano, cumpliendo los requisitos, pueda solicitar la revocación de mandato.

Caso José Ramón

Aldrete Gruel comentó que el PRI no va a solapar ningún tipo de corrupción, en el gobierno estatal, municipal ni federal, por lo que este martes, el ex regidor José Ramón López Hernández acudirá ante el TEJA (Tribunal Estatal de Justicia Administrativa).

Se trata del caso en que el PRI ha comprobado que hace 3 años hubo un acto de corrupción por parte de este servidor público, en que entregó recursos públicos a sus asesores y familiares.

Blas Ramos señaló que el caso lleva 3 años, ya que por medio de tretas jurídicas, López Hernández ha logrado retrasar la aplicación de la justicia, y espera que en la audiencia de este martes, no se dispense, ni que diga mentiras.

Se ha comprobado que López Hernández ha mentido a la autoridad con falsas declaraciones, cuando dijo que no conocía a las personas beneficiadas con los recursos públicos, cuando de su puño y letra firmó estos apoyos.

Es por lo anterior que solicitarán que se le aplique una pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos en al menos 15 años, expuso Blas Ramos.

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Sin embargo, al parecer este personaje se encuentra bien protegido, ya que en la denuncia penal en su contra, la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que se les ha impedido acceder al estatus penal de la demanda, ya que señalan que no son los directamente afectados.