Buscan sancionar a promotores de eventos fraudulentos: Echevarría
Van por aquellos que cancelen eventos, conciertos o espectáculos y no regresen el dinero de boletos adquiridos
Van por aquellos que cancelen eventos, conciertos o espectáculos y no regresen el dinero de boletos adquiridos

Vicente Guerra
Buscan sancionar a promotores que cancelen eventos, conciertos o espectáculos y no regresen el dinero de boletos adquiridos previamente por ciudadanos, manifestó el diputado local, Juan Diego Echevarría Ibarra.
Precisó que se pretende modificar el Código Penal, en donde se establezca que si el monto del fraude es menor de 90 mil pesos se podrá contemplar una sanción desde 6 meses de prisión a 3 años y si es mayor a 90 mil, llegaría hasta los 6 años de prisión.
Por un lado es el tipo penal del pago en específico de los que no regresan el pago del dinero de los boletos y por otro lado, en el tema de las listas, como se administren los ayuntamientos del estado, para que puedan abstenerse de emitir nuevos permisos a estos promotores denunciadosJuan Diego Echevarría Ibarra

El legislador, indicó que según grupos de facebook y redes sociales, asciende a más de las mil personas que han denunciado esta situación en todo el estado, motivo por el cual es pertinente reformar para que no siga sucediendo.
“Los ayuntamientos, derivado de las quejas y denuncias que ha habido por parte de la ciudadanía, no tienen que emitir un nuevo permiso o autorización para que se realice algún espectáculo con los promotores de eventos que han sido denunciados y no han regresado el dinero a los clientes”, aseguró.
Detalló que los permisos al ser municipales, cada ciudad debe de abstenerse a emitir dichos permisos, los cuales se pueden cruzar con otros estados ya que muchas veces son los mismos promotores.
Echevarría Ibarra, explicó que una vez que se apruebe la reforma, el ciudadano que sea víctima de una situación de estas, deberá interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se pueda generar una responsabilidad.
Finalmente, la propuesta fue presentada ante Oficialía de Partes del Congreso de Baja California, por lo cual aún falta turnarse a una comisión para su análisis y finalmente votarse ante el pleno a favor o en contra por parte de los diputados.