Caso Next Energy: Inhabilitan al exgobernador Jaime Bonilla por 3 años
Fue por el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA)
Andrea Jiménez
“Ayer fuimos notificados de esta resolución, conlleva como bien lo comentaron una sanción grave, por eso lo tenía el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y hay que recordar que estos asuntos son de inicios de la administración y ya estaban para resolución”
Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, confirmó por su parte que el también exsenador aún tiene la posibilidad de impugnar la resolución, la cual le impediría competir por un cargo público en la elección del 2027.
Aunque se solicitó mayor información sobre la resolución al TEJA, el tribunal estatal informó a LA VOZ DE LA FRONTERA que la versión pública de la resolución aún no se encontraba disponible al cierre de esta edición.
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“Es recurrible y él está en su derecho de hacer lo que considere”, enfatizó la gobernadora.
De acuerdo a Monge Pérez, la noche del lunes además se confirmó la vinculación a proceso del exsecretario de Salud de Baja California, Alonso Óscar “N”, derivado de una denuncia presentada por la actual administración sobre temas relacionados a la salud.
EL PROYECTO
Impulsado por la administración de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021), el proyecto implicaba la construcción de una planta fotovoltaica que buscaba combatir el desabasto de energía en Mexicali, para lo cual se contrató a la empresa Next Energy.
Sin embargo, la obra fue cancelada por el gobierno de Ávila Olmeda, al considerarla como un contrato “lesivo” para el estado pues sometía a Baja California al pago de 37 mil millones de pesos por treinta años, comprometiendo sus participaciones federales.
Asimismo, autoridades federales confirmaron que el proyecto no contaba con los permisos necesarios para llevarse a cabo.
En el 2022, una institución bancaria realizó la retención de 123 millones de pesos de las participaciones federales correspondientes a Baja California como parte del primer pago del proyecto que nunca se realizó, lo que derivó en una batalla legal de casi tres años con la autoridad estatal.
Tras meses de disputas legales y amparos, el 15 de julio de este año se confirmó la devolución de 172 millones 158 mil 622 al gobierno de Baja California, lo que corresponde al monto retenido originalmente más los rendimientos generados en esos años.
PROCESOS PENALES
Se iniciaron además diversos procesos penales en contra de exfuncionarios públicos y algunos particulares que participaron en la firma de los contratos, de los cuales hasta principios de noviembre habían derivado ocho acuerdos de apertura a juicio oral.
Según informó el consejero jurídico del estado, Juan José Pon Méndez, de estos acuerdos dos son contra particulares y seis contra ex servidores públicos, aunque en total son 10 los involucrados en el caso de la fotovoltaica.
Los seis ex servidores públicos, señalados por delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y abuso de autoridad, son Luis “N”, Adalberto “N”, Rodolfo “N”, Israel “N”, Marco “N” y Pablo Alonso “N”.
Los particulares, Juan Luis “N” y Alberto Julio “N”, son acusados por el uso ilícito de atribuciones y facultades cometidos por particulares.
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