También se rechazó la impugnación del PRI, que buscaba que se reconociera un cargo por promoción personalizada en contra de la mandataria estatal
Andrea Jiménez
Por unanimidad de votos, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, promovió su informe de gobierno fuera de los plazos legales.
Esto al resolver los expedientes SG-JG-25/2025 y SG-JG-26/2025, promovidos por la gobernadora en contra de las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral (TJEBC) y el Instituto Estatal Electoral (IEEBC), que confirmaron la culpabilidad de la mandataria.
En el primer expediente, Ávila Olmeda intentó argumentar la nulidad de la resolución, ya que el organismo electoral de Baja California tardó dos años en emitirla, pero el tribunal lo rechazó al considerar justificada la tardanza.
Esto ya que en el mismo periodo se llevaron a cabo dos procesos electorales locales, organizados por el IEEBC en el estado.
En el segundo expediente, se consideró que los argumentos de la mandataria fueron insuficientes e ineficaces para controvertir la sentencia, ya que el Tribunal cumplió con la revisión de las pruebas aportadas en el caso y no se presentaron más.
Aunque desde el principio el Instituto Estatal Electoral confirmó la infracción de la gobernadora, el consejero presidente Luis Alberto Hernández Morales señaló que la ley no contempla una sanción en específico para estos casos, por lo que se dió vista al Congreso del Estado para que ellos definan la sanción correspondiente.
Durante la misma sesión, los magistrados también rechazaron por unanimidad la impugnación presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), identificada con la clave SG-JG-24/2025.
El recurso buscaba que el Instituto Estatal Electoral de Baja California reconociera que la mandataria, a su consideración, sí realizó promoción personalizada en su informe, acusación que fue desestimada por el organismo.
Esto al considerar que los argumentos del PRI fueron infundados e inoperantes, pues el Tribunal Electoral no vulneró los principios de exhaustividad, legalidad, congruencia y certeza jurídica, como afirmó el partido político.
