Decretan creación del “Consejo de Paz” en Baja California

Los únicos integrantes provenientes de la sociedad civil serán 3 directivos de instituciones de educación superior y 3 representantes de organizaciones religiosas, solo 6 de las 17 personas que lo integrarán

Mexicali clima calor — Todos ellos suman un total de 17 integrantes, mismos que deberán designar a la persona titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Paz / Aldo N. Pérez / La Voz de la Frontera

Christian Galarza

El gobierno del Estado de Baja California publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) el decreto para crear el Consejo de Paz para la Reconstrucción del Tejido Social, mismo que será integrado en dos terceras partes por servidores públicos.

El abogado y fundador de Justicia que Transforma México A.C., Guillermo Rivera Millán, señaló la posibilidad de que dicho consejo duplique funciones del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, el cual si está integrado por la sociedad civil en su mayoría.

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La formación de Consejos de Paz en México obedece a un mandato del gobierno federal, específicamente encabezado por la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación y ex “cursante” del culto NXIVM, Clara Luz Flores Carrales.

En ese sentido, el 28 de julio del presente año el Poder Ejecutivo Estatal en Baja California publicó en el POE el decreto que ordena la creación del Consejo de Paz para la Reconstrucción Social en el Estado. Sin embargo, apenas la tercera parte de los integrantes provendrán de la sociedad civil, y de estos, la mitad serán de asociaciones religiosas.

De acuerdo al decreto, el Consejo de Paz estará presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal; así como las y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud.

Asimismo, se sumarán los presidentes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil y de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores del Congreso del Estado.

De igual manera, lo integrarán las y los titulares de la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno y el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como 3 representantes de instituciones de educación superior y 3 más de asociaciones religiosas.

Todos ellos suman un total de 17 integrantes, mismos que deberán designar a la persona titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Paz.

Funciones

El decreto establece que el Consejo de Paz tendrá la atribución de diseñar, revisar y coordinar políticas públicas estatales que apoyen con la reconstrucción del tejido social y la construcción de paz.

Además, deberá fomentar proyectos regionales que aborden problemáticas comunes, como la violencia, la desigualdad, la desconfianza en las instituciones y la exclusión social.

Otra de las atribuciones será la de diseñar e implementar el Plan Estatal de Reconstrucción del Tejido Social, con estrategias que aborden de manera integral la violencia crónica en sectores clave como escuelas, espacios públicos, centros penitenciarios y hogares.

Al respecto, Rivera Millán advirtió que dicho consejo podría duplicar funciones del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, mismo que si está integrado principalmente por ciudadanos.

“Al analizar su diseño normativo, contexto institucional y fundamento legal, surgen dudas legítimas: ¿se trata de una estrategia auténtica de reconstrucción social o de una reingeniería institucional que debilita los mecanismos ciudadanos de participación en seguridad?”, cuestionó.

El abogado aseveró que el decreto omite siquiera mencionar al Consejo Ciudadano y a los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública Municipales que lo integran, mismos que tienen la facultad de evaluar políticas públicas, promover reformas legislativas, supervisar programas preventivos y vincularse con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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“Estas disposiciones legales contrastan con el decreto del nuevo Consejo de Paz, el cual desplaza estructuras legales sin reformar la ley de mayor rango que el decreto, modifica el diseño institucional sin pasar por el Congreso del Estado, e ignora principios básicos como la representatividad ciudadana y la convocatoria abierta”, manifestó.