Carece de certeza jurídica nuevo modelo de Protección de Datos Personales

Con el INAI se tenía solo una autoridad, sin embargo, con la nueva ley de transparencia, se tendrán 16 autoridades con sus propios criterios cada una

**Laura Enríquez, comentó que también hubieron cambios en los medios de impugnación** / Vicente Guerra

Vicente Guerra

El nuevo modelo de Protección de Datos Personales cuenta con falta de certeza jurídica, manifestó Laura Lizette Enríquez Rodríguez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (InfoCDMX).

Señaló que con el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) se tenía solo una autoridad, sin embargo, con la nueva ley de transparencia, se tendrán 16 autoridades con sus propios criterios cada una.

“Eso quita certeza jurídica, una persona que va con la autoridad 1, le pueden responder de determinada manera, con la autoridad 2, de otra manera y así con las 16, esa unidad de criterios es la que daba el INAI, bien o mal, ahí estaban”, aseguró.

Laura Enríquez, comentó que también hubieron cambios en los medios de impugnación, en donde no solamente fue pasar de una autoridad a otra, sino que cuando un ciudadano inconforme con cómo están resolviendo el derecho de cambiar una información o acceder a su expediente se va a tener que recurrir hasta amparos ante juzgados y tribunales especializados.

“No se acabó ya el acceso a la información y protección de datos personales, es decir, los derechos siguen consagrados a nivel constitucional en estas leyes, depende de nosotros que se actualice, en donde de alguna manera podemos mostrar inconformidad con respecto con algo que aprobó una autoridad con los medios de impugnación”, agregó.

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En ese sentido, externó que hasta el momento no se han creado esos juzgados especializados, por lo que todavía hay que esperar cómo se llevará a cabo ese proceso, sin embargo, lo importante es que la mayor parte de las impugnaciones se judicialicen.

“Es muy probable que la autoridad, por ejemplo, está la Secretaría Anticorrupción y si algún otro ente del ejecutivo les negó ese acceso hacia un expediente, van a decir, secretaría de economía me estas negando el acceso, voy con la secretaría anticorrupción pero es del mismo ejecutivo, es probable que diga la secretaría de economía tiene razón”.

Enríquez Rodrígez, indicó que hay una probabilidad de que tras ese escenario se judicialicen casos más de lo normal, lo cual dificulta más a las personas ciudadanas tener acceso a su información.

“Esto en posesión de sujetos obligados porque hay una ley en materia de datos personales de sujetos obligados, es decir, los entes públicos que tienen su obligación pero también existe la ley de particulares, osea las empresas”, añadió.

La presidenta de InfoCDMX, detalló que para las personas físicas o morales se tendrá como autoridad la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con Transparencia para el Pueblo, en donde se dedicarán a la protección de datos personales.

Explicó que esta nueva ley cambió solamente alrededor de un 5%, sin embargo, se perdió la oportunidad de hacer cambios que incorporan las nuevas tendencias y progresividad en el derecho, como la inteligencia artificial, de ciberseguridad y computación cuántica.

“Se amplía el deber del consentimiento, que es cuando vas al ámbito público y les entregan su información personal, actualmente tienes que decir, estoy de acuerdo con el tratamiento que le van a dar a mi información, pero ahora se amplió para omitirse”.

Expusó que ahora en una resolución, mandato u orden judicial, podrán quitar el requisito del consentimiento, lo cual es grave, porque más tipos de decisiones oficiales pueden justificar el tratamiento de datos personales.

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Finalmente, la conferencista abundó que son los cambios más significativos de estas nuevas leyes, sin embargo, ya se presentaron iniciativas en materia de inteligencia artificial y ciberseguridad, porque por esas brechas de seguridad se abren muchos riesgos para el sector público.