Participación de magisterio en modificación de protocolo escolar; omisión legal del Estado: Rivera

El abogado aseveró que la Ley de Seguridad Escolar del Estado establece la obligación legal en el gobierno estatal

En Septimbre inicio de clases — **La Ley Estatal de Seguridad Escolar establece la responsabilidad de construir, financiar y coordinar protocolos formales al gobierno estata** / Archivo OEM

Christian Galarza

La participación del sector magisterial en la modificación del Protocolo de Protección Integral Escolar refleja una omisión legal por parte del gobierno del Estado de Baja California, aseveró el abogado Guillermo Rivera Millán.

Señaló que la Ley Estatal de Seguridad Escolar de Baja California establece la responsabilidad de construir, financiar y coordinar protocolos formales al gobierno estatal.

Señalan simulación en mesas de trabajo para modificar el Protocolo Escolar

El pasado miércoles 23 de julio la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y la titular de la Secretaría de Educación, Irma Martínez Manríquez, aseguraron en la conferencia mañanera que la modificación planteada al Protocolo de Protección Integral Escolar será realizada con el apoyo del sector magisterial.

OMISIÓN LEGAL

Al respecto, Rivera Millán señaló que el hecho de hacer que el sector magisterial realice los cambios en el protocolo es una omisión legal del Estado, ya que es el Ejecutivo Estatal el responsable de garantizar la seguridad en las escuelas a través de la creación de esos protocolos. Esto de acuerdo al artículo 4 de la Ley Estatal de Seguridad Escolar.

WhatsApp Image 2025-07-23 at 11.46.50 AM

Buscan que protocolo escolar esté listo antes del próximo ciclo

“La norma obliga a construir, coordinar y financiar protocolos formales, no a trasladar su diseño a quienes operan desde la trinchera pedagógica. Cargar al magisterio con esta tarea no sólo es improcedente: es una omisión legal maquillada como participación técnica”, expresó.

Además, mencionó que la autoridad estatal tampoco realizó hasta el momento un diagnóstico especializado que clasifique los riesgos escolares por municipio, nivel educativo, infraestructura o contexto psicosocial, tal y como lo establecieron modelos internacionales, como el de Unicef.

GUÍA RÁPIDA

Incluso, indicó que el propio modelo de la “Nueva Escuela Mexicana” advierte que la política educativa debe ser regionalizada y sensible al contexto.

“En Baja California, la ‘guía rápida’ surge como respuesta política a una tragedia: la muerte del alumno Martín Damián en octubre de 2023 y la judicialización del profesor Esteban, quien lo asistió sin protocolo vigente. Hoy, ese mismo gremio diseña lo que el Estado omitió prever”, manifestó.

Caso Motolinia: Sentencian a pederasta; pero sigue en libertad

En ese sentido, señaló que cuando una institución educativa incumple el deber de cuidado y se genera daño por condiciones inseguras, se configura responsabilidad jurídica y, de igual manera, una patrimonial que recae en el Estado.

“Si no hay protocolos, infraestructura o previsión normativa, el daño no es accidental, es estructural”, explicó.

Finalmente, comentó que es importante que el magisterio, los padres de familia, consejos escolares, escuelas particulares, universidades, empresarios, organizaciones civiles y todos los actores del ecosistema escolar deben unirse y exigir mejores condiciones en los planteles educativos.

“La seguridad escolar exige más que disposición gremial: requiere arquitectura legal, diagnóstico territorial y responsabilidad institucional activada. Pero también exige responsabilidad institucional del Estado para reconocer su rezago estructural y las realidades sociales y familiares que agravan los conflictos escolares”, concluyó.