Plantean aumento de penas por extorsión, pero se reducen en lo local

Estiman la liberación de hasta 600 extorsionadores debido a la reducción de la pena

Christian Galarza

La Cámara de Diputados aprobó una reforma penal en materia de extorsión, en la que planteó el aumento de las penas a nivel federal, sin embargo, en el caso de algunos Estados como Baja California, esto representaría una disminución, señaló la diputada federal Eva María Vásquez.

Advirtió que dicha disminución podría representar la liberación de hasta 600 personas sentenciadas por el delito de extorsión a nivel nacional.

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Este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados, por consenso de todos los partidos políticos, la reforma para crear la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Al respecto, Vásquez Hernández comentó que la ley planteó un aumento en las penas para los extorsionadores, que va desde los 6 hasta los 15 años en prisión. Sin embargo, señaló que dicha pena representa una disminución con respecto a algunos Estados, como en Baja California, donde la pena está entre los 7 y los 15 años.

Debido a esto, advirtió que, en caso de que la ley sea aprobada de igual manera en el Senado de la República, esto podría generar la liberación de alrededor de 600 personas sentenciadas por extorsión en todo el país, de acuerdo a sus estimaciones.

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“Recuerden que ninguna ley puede ser aplicada en perjuicio de persona alguna, pero sí en beneficio, entonces se está previendo, en términos muy generales, que hasta 600 extorsionadores en todo el país pudieran acogerse a ese beneficio”, expresó.

La diputada federal por Baja California mencionó que durante el primer semestre del presente año se registraron 5 mil 857 casos de extorsión a nivel nacional, lo que representa una cifra récord. No obstante, mencionó que aún existe una cantidad importante que no se ha denunciado o integrado eficientemente en carpetas de investigación, es decir, una cifra negra.

Mencionó que la propuesta de ley que analizaron fue enviada por el Poder Ejecutivo Federal, sin embargo, aseveró que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa similar antes que esa, misma que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó.

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En esa propuesta se incluyó una pena de entre 10 y 20 años para los servidores públicos que hayan participado directa o indirectamente en los casos de extorsión.

Sin embargo, señaló que el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, presentó una reserva para modificar dicha propuesta y reducir las penas de 5 a 12 años. Esto bajo el argumento de que una persona que participa en ese delito no debería tener una pena más alta que el mismo extorsionador.

“Pues entonces incrementale la pena al extorsionador también y se la incrementas al servidor público. Porque el servidor público tiene a su alcance la maquinaria gubernamental. Es decir, tendría que ser una agravante, no una atenuante”, expresó.

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En ese sentido, la legisladora panista cuestionó que esa reserva, que al final fue aprobada, tenga una dedicatoria especial para los servidores públicos que podrían verse involucrados en este tipo de delitos próximamente.

Por su parte, Nancy Sánchez Arredondo, diputada federal por Baja California de Morena, indicó que la ley establece una mejor claridad para la atención de la extorsión en cuanto a competencias estatales y federales.

Destacó que la ley también estableció la modalidad de denuncias anónimas a la línea de emergencia 089, lo que podría abatir la cifra negra en la materia, misma que indicó podría representar hasta 10 veces más que las cifras registradas en el año.

En cuanto a las penas, mencionó que aunque la pena aprobada quedó de 6 a 15 años, esta podría incrementar hasta una tercera parte con la agravantes que añadieron. Algunas de estas agravantes tienen que ver con la comisión del delito en contra de menores de edad, migrantes, adultos mayores, y que se cometa con violencia y amenazas.