Estado envía reforma contra ‘halconeo’ en Baja California

Prevén sancionar a quienes instalen cámaras en la vía pública e intervengan, alteren o dañen el sistema de videovigilancia de las autoridades

CAMARAs — La iniciativa de reforma contempla un incremento en la sanción penal, que actualmente es de 1 a 3 años de cárcel a entre 5 y 8 años, además de multas que oscilan entre 200 y 400 veces la UMA y reparación de daños / Archivo / La Voz de la Frontera

Andrea Jiménez

El gobierno de Baja California presentó ante el Congreso local una iniciativa para endurecer las penas en contra el “halconeo”, práctica que consiste en obtener información sobre instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para cometer delitos.

Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del estado, explicó que la iniciativa busca reformar el artículo 317 TER del Código Penal del Estado, sumando como conductas sancionadas el intervenir, alterar o dañar el sistema de video vigilancia en inmuebles públicos o vialidades, así como la instalación de cámaras en vía pública o en lugares que prestan servicios públicos.

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La iniciativa de reforma contempla un incremento en la sanción penal, que actualmente es de 1 a 3 años de cárcel a entre 5 y 8 años, además de multas que oscilan entre 200 y 400 veces la UMA y reparación de daños.

Juan José Pon Méndez, consejero jurídico de Baja California / Andrea Jiménez

“Estamos previendo nuevas conductas como es la de intervenir, alterar o dañar el sistema de videovigilancia que se encuentra instalado en las vialidades públicas o en inmuebles donde se presta algún servicio público; también se va a sancionar la instalación de sistemas de videovigilancia que se establezcan en vialidades públicas”, expuso el funcionario.

Sin embargo, no se considerará prohibido que un ciudadano instale cámaras de videovigilancia en el interior de su vivienda, ni tampoco que continúe usando las cámaras que ya se encuentran instaladas.

En el caso de los comercios que cuenten con algún sistema de videovigilancia, será necesario que se coordinen con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para que puedan continuar utilizándolo.

“Los particulares pueden continuar instalando sistemas de videovigilancia o utilizando los que ya tienen sin ningún problema, eso no se va a sancionar, no es un delito, no está tipificado como conducta penal”, precisó.

La propuesta también contempla la creación de agravantes del delito como ser servidores o ex servidores públicos de alguna institución de procuración de justicia, de seguridad pública o de administración de justicia y a las personas que utilicen cualquier clase de equipo que les permita intervenir canales o transmisiones oficiales de seguridad.

RESPALDA INICIATIVA

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que la iniciativa es del diputado Jorge Ramos Hernández, aunque también fue firmada por la propia mandataria estatal para presentarse ante el órgano legislativo.

“Agradezco al Congreso del Estado por todo el apoyo que se brinda para combatir la inseguridad, para combatir ese tipo de prácticas que atentan contra la inseguridad de las familias de Baja California”, externó.

De acuerdo con información estatal, hasta el momento se han retirado 1 mil 600 cámaras de vigilancia de origen desconocido de la vía pública a nivel estatal, 1 mil 377 este 2025, las cuales se presume fueron utilizadas para obtener información para cometer delitos.

Asimismo, existen en Baja California 4 mil 310 cámaras oficiales que forman parte del Sistema de Vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

ES UN PASO ADELANTE: CANTÓN

Jaime Cantón Rocha, diputado presidente del Congreso de Baja California, aseguró que la iniciativa es fundamental para garantizar que la infraestructura pública no sea vulnerada, destruida o intervenida para la comisión de delitos, calificándola como necesaria.

Señaló además que la propuesta cuenta con el aval de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, de la que es integrante en conjunto con el diputado Ramos Hernández.

Jaime Canton — **Jaime Cantón Rocha**, diputado presidente del **Congreso de Baja California** / Alejandro Domínguez / La Voz de la Frontera

“Evidentemente estas son más herramientas para el estado para combatir la inseguridad, es un paso hacia adelante para combatir la inseguridad y garantizar que se recupere la paz en Mexicali y en todo el estado”, destacó.

Cantón Rocha confirmó que la iniciativa fue entregada al Congreso del Estado la tarde del miércoles, presentada por el secretario general de Gobierno Alfredo Álvarez Cárdenas a nombre de la gobernadora, y que será turnada de inmediato a la Comisión de Justicia, para que pase a votación del pleno lo antes posible.