Proponen elevar penas por ataques de perros
La Ley Amparito plantea atender un tema salud pública y de omisión de cuidados
Vicente Guerra
La reforma establece que se apliquen sanciones de 4 a 8 años de prisión al dueño responsable del animal que cometa un homicidio y a su vez se agrava en una tercera parte si la víctima es un niño, adulto mayor, persona con discapacidad o mujer embarazada.
Los hechos del hallazgo se hicieron la mañana de ese domingo, cuando reportaron una persona sin vida dentro del parque Villa Fantasía en el fraccionamiento Villas del Rey.
Michel Sánchez, indicó que se debe analizar quien se va a hacer cargo de los animales que no tienen dueño y que cometan un homicidio, lo cual según la reforma se estipula que sea el estado y los municipios los responsables en esos casos.
En ese sentido, comentó que un segundo paso, sería crear un registro de mascotas domésticas en el estado, con una reforma integral, para tener un control y saber quienes son los dueños y que animales tienen.
“La idea es que la iniciativa lleve una responsabilidad del estado, de esas muertes por perros o cualquier otro tipo de animal que genere este daño, por ejemplo a los perros que atacaron a Amparito, los pusieron a dormir”, explicó.
La legisladora comentó que podría ser una opción dormir a los perros que terminan en esta situación de considerarse un peligro para la sociedad y el estado debe de realizar la reparación del daño con los familiares cercanos a la víctima.
Por su parte Ana Lidia Soto Romero, hija de la señora Amparito y activista al frente de esta iniciativa indicó que a partir de que se hizo público su caso, personas se han acercado a ella para mencionarle que han sido víctimas de ataques de perros.
“Una señora que fue atacada por perros aquí en Mexicali, tuvo 11 operaciones, que cuando se pudo recuperar ya había pasado un año y fue a la Fiscalía y le dijeron que ya estaba prescrita”, expresó.
Además señaló que el fiscal Efren Ruiz Romo ha violentado sus derechos, en donde ha pretendido hacerla responsable de lo que sucediera con la investigación, funcionario que continúa trabajando para la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Sigue estando en actos públicos, para mi es una bofetada que no me la dan solo a mi, sino que se la dan a todo Baja California y a todas las personas que no pueden alzar la voz como lo he hecho yo, por miedo o que no saben a dónde dirigirse”, aseveró.
LA REFORMA
Si, a pesar de los reiterados avisos por parte de vecinos o personas cercanas, las personas propietarias no tomaron las medidas necesarias para asegurar que sus perros no representaran un peligro para la comunidad.
Si los perros ya habían causado lesiones a otra persona anteriormente, y a pesar de este antecedente, los propietarios no tomaron acciones para evitar nuevos ataques.
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