Retiran 269 cámaras del crimen organizado en Baja California

Han sido retiradas 269 cámaras de videovigilancia vinculadas con el crimen organizado, en el estado, manifestó Leopoldo Tizoc Duran Aguilar, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).

Lo anterior, fue dado a conocer durante el desahogo de la comparecencia de la glosa del tercer informe de actividades del estado, donde mencionó que 188 fueron retiradas en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali, sin embargo, no se ha aplicado la investigación.

SIN INVESTIGAR

“No hemos hecho nosotros malamente una denuncia formal para dar una investigación respectiva, me llevo la tarea, porque procedimos a retirarlas y obviamente no le aplicamos la acción de investigación porque es la constitución de un delito y estoy consciente”, reconoció.

ACTIVARÁN 6 MIL

“Tenemos próximamente la firma de un convenio con Index Mexicali, donde vamos a implementar otras 600 cámaras privadas que se van a sumar a este sistema con lo que serán 950 cámaras, es un crecimiento para poder cumplir con las 6 mil cámaras adicionales para el 2027”.

EFECTIVIDAD

Así mismo, comentó que mediante la identificación operativa del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5) por medio de las cámaras, se han podido detener en flagrancia a 302 personas por diferentes delitos.

Además se han brindado 1 mil 355 apoyos a la Fiscalía General del Estado (FGE) en relación a las cámaras por diversos delitos, sin embargo, falta mucho por hacer, en donde Tijuana va a prestar 1 mil cámaras.

JUSTICIA CÍVICA

Por otro lado, el titular de la SSCBC, comentó que en el tema de justicia cívica, solamente Playas de Rosarito y Ensenada cuentan con un programa, el cual este último municipio no lo ejecuta porque no tiene presupuesto.

“Soluciona muchos problemas administrativamente que se pueden llevar con una adecuada conciliación, como pleito entre vecinos, el volumen alto, que me rayó un coche, cosas tan sencillas a solucionar el conflicto entre personas que evitamos que escale a situaciones más fuertes”, señaló.

En ese sentido, externó que se debe implementar en los demás municipios para que haya una autoridad que pueda determinar con justicia el pago o la remuneración de alguna falta administrativa, para acotar la cifra en cuestiones de delitos.

Finalmente, la diputada Daylín García Ruvalcaba, abundó que efectivamente en Mexicali se instaló una sala de Justicia Cívica en el Poder Judicial, sin embargo, no está funcionando.