Señalan inoperancia del Sistema Estatal Anticorrupción

En 2024, el comité coordinador del SEA sesionó en 15 ocasiones, pero en ninguna de ellas trataron casos de corrupción en específico

ComiteCoordinador SEA — Durante el 2024, el Comité Coordinador del SEA sesionó en 15 ocasiones, sin embargo, en ninguna de estas sesiones se resolvieron o trataron casos en específico de corrupción. / SEA Web

Christian Galarza

El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SEA) permanece inoperante e inexistente debido a la falta de voluntad del gobierno del Estado, señaló Daylín García Ruvalcaba, diputada del Congreso del Estado.

Durante el 2024, el Comité Coordinador del SEA sesionó en 15 ocasiones, sin embargo, en ninguna de estas sesiones se resolvieron o trataron casos en específico de corrupción.

La diputada recordó que el SEA se creó en 2018 por iniciativa ciudadana y con apoyo del sector empresarial, como un mecanismo para combatir la corrupción mediante un organismo autónomo. Sin embargo, señaló que tras la llegada de los gobiernos morenistas, con el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez a finales de 2019, la autoridad dejó al sistema sin posibilidad de operar.

Diputada | Daylín García Ruvalcaba — Daylín García Ruvalcaba, diputada del Congreso del Estado. / Vicente Guerra / La Voz de la Frontera

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Desde entonces, aseveró que el SEA se encuentra inoperante y es inexistente, aún en el gobierno actual de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

“Es un tema que, honestamente, lo que quieren es que no se hable, como que mejor que así se quede y ya no le mueven. Igual que ahorita con todo lo de Transparencia, va por el mismo sentido, desmantelar las instituciones”, expresó.

INOPERANTE

Francisco Fiorentini Cañedo, ex consejero del Comité Coordinador del SEA, indicó que, ya en la administración de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el Congreso del Estado votó a favor una iniciativa de reforma para homologar al SEA con el Sistema Nacional Anticorrupción, estableciendo un Comité Coordinador con mayoría de servidores públicos en lugar de ciudadanos.

En julio de 2023 el Congreso del Estado designó a Javier Salas como el nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, sin embargo, Fiorentini Cañedo aseveró que, debido a la falta de autonomía de dicha fiscalía, no ha tenido ningún resultado.

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“Javier Salas está ocupando una posición en la cual cobra sin tener resultado alguno. No por que Javier sea un buen o mal fiscal, sino porque la ley le impide hacer algo. Porque si ocupa un presupuesto tiene que ir a negociar a la Secretaría de Hacienda o tiene que pedirle el favor a la gobernadora para poder contratar un pinche lápiz”, manifestó.

En 2024 el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción realizó 12 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias, en las cuales se trataron principalmente temas presupuestarios y homologaciones de políticas anticorrupción del Sistema Nacional, entre ellas la aprobación de la Política Estatal Anticorrupción, publicada en marzo del mismo año en el Periodico Oficial del Estado.

Sin embargo, durante el año no trascendió la discusión sobre ninguna situación específica de actos de corrupción en el Estado por parte de dicho comité.

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CREACIÓN

Fiorentini Cañedo detalló que el Sistema Estatal Anticorrupción comenzó a crearse en 2017, cuando presidió Coparmex Mexicali, desde donde impulsó su creación.

Dicha creación se gestó en un momento de protestas en contra del entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid, circunstancias que favorecieron la apertura por parte de algunos diputados en el Congreso del Estado.

Para la creación del SEA, los inicialistas buscaron que fuera el sistema más “ciudadano” de todo el país, colocando 15 integrantes ciudadanos en el Comité Coordinador, comentó Fiorentini Cañedo.

Incluso, agregó que la intención fue que los ciudadanos que integraran los espacios en dichos comités no ostentaran ningún sueldo, ya que el cargo era honorífico.

El SEA tambien estaría integrado por una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, misma que sería autónoma de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC).

Luis Irineo Romero, quien fuera el primer y último secretario técnico del SEA, indicó que la función del sistema nunca fue la de fungir como un Ministerio Público, sino la de establecer medidas integrales en todos los órdenes de gobierno para combatir las prácticas corruptas.

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“El sistema tiene la gran tarea de revisar desde la eficacia o ineficiencia de la normatividad que regula este fenómeno de corrupción, cómo se da en la realidad y en la práctica dentro de los ámbitos de la administración pública, de tal manera que el sistema tiene que arrojar medidas para combatir esos temas”, explicó.

En ese sentido, mencionó que otro tema del cual se encargaba el SEA era de analizar las razones por las cuales las denuncias ciudadanas no eran tomadas en cuenta, y en razón de esto emitir medidas para que las autoridades les dieran la importancia que ameritan.

“El problema en el esquema, que parte de un lugar para proteger a quienes son víctimas y dualmente son partícipes de la corrupción, es que pone en el vértice de toda esta actividad a los servidores públicos. Si no tuvieramos servidores públicos corruptos, así sea la mejor oferta que te hagan como servidor público para corromperse, si el servidor público no participa, no se da”, manifestó.

CAÍDA

Fiorentini Cañedo señaló que una de las primeras acciones de Jaime Bonilla Valdez como gobernador fue quitarle la autonomía al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción e integrarlo a la FGEBC. Siendo este suceso el inicio de la caída del sistema.

Agregó que, posteriormente, la entonces titular de la Secretaría de la Honestidad, Vicenta Espinoza, operó para que entraran “ciudadanos a modo” en el Comité Coordinador del SEA, mismos que desconocieron a Irineo Romero como secretario técnico, causando su salida.

Tras este hecho, algunos de los consejeros del Comité Coordinador que fundaron el SEA fueron saliendo debido a que culminaron su periodo en el cargo, a la par de que a quienes ocuparon su lugar se les otorgaron salarios por ostentar dichos cargos.

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Irineo Romero atribuyó el “embate” del Estado contra el Comité Coordinador del SEA debido a que iniciaron una discusión y análisis referente al otorgamiento de patentes a notarios públicos que la administración de Bonilla Valdez realizó. De igual manera, elevaron a análisis el caso de una incautación de 28 millones de pesos que aseveró nunca se explicaron.

“Estos son dos temas que no le causaron ninguna gracia al gobernador Jaime Bonilla, y a partir de ahí se vino todo el embate del gobierno del Estado, en complicidad incluso con el propio Congreso del Estado, para desmantelar el sistema”, expresó.

PRESUPUESTO MÍNIMO

En 2019 el gobierno del Estado le otorgó un primer presupuesto de 15 millones de pesos al Sistema Estatal Anticorrupción, siendo ya en ese momento de los presupuestos más bajos para cada dependencia.

Sin embargo, a partir del 2020, ya con Bonilla Valdez en el poder, la partida específica para el SEA desapareció. Fue hasta el presupuesto de egresos de 2023 cuando el Estado volvió a asignar una partida específicamente para el SEA. No obstante, esta se redujo a apenas 12 millones 463 mil 502 pesos con 79 centavos.

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Pese a que ya era una de las dependencias con menos presupuesto, el Estado disminuyó su presupuesto para 2024 a 12 millones 215 mil 393 pesos con 23 centavos, y aunque lo aumentaron ligeramente para el presente año, dejándolo en 12 millones 431 mil 915 pesos, sigue siendo un presupuesto menor al de 2023.

Aunque el presupuesto es reducido, el actual encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del SEA, Francisco Javier Rebelín Ibarra, percibió en 2024 un sueldo neto de 51 mil 033 pesos mensuales.