Suman 200 millones de pesos de grandes deudores

El gobierno del Estado les ayudará a cobrar el predial de 33 mil cuentas de las que no se ha podido cobrar el impuesto predial

recaudacion de rentas mexicali — Gran parte de los deudores de impuesto predial son personas físicas. / Mariela Tapia / La Voz de la Frontera

Mariela Tapia

Considerando a aquellos contribuyentes que más adeudan al Ayuntamiento de Mexicali, suman en total 200 millones de pesos que históricamente no se han podido cobrar, por lo que el municipio permitirá que el gobierno del Estado les ayude a cobrar dicho impuesto localizando a esas personas deudas.

El tesorero municipal, Roger Sosa Alaffita, precisó que el Ayuntamiento de Mexicali ya firmaron el convenio necesario para que el gobierno del Estado empiece a realizar dicho cobro del predial, sin embargo, afirmó que todavía se encuentran en el protocolo del registro de aquellas cuentas que les va a apoyar con la requisición de pago y que por ello, todavía no empieza la cobranza por parte de la autoridad estatal.

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De los grandes deudores, los 200 millones de pesos corresponden a un universo de alrededor de 33 mil claves catastrales que no han pagado dicho impuesto, aclarando que el gobierno estatal les ayudará a cobrar una cantidad menor de claves.

“Ellos tienen más información sobre los contribuyentes, pero al final los procedimientos son los mismos, el proceso administrativo de ejecución, las notificaciones, etc, el procedimiento es el mismo, pero ellos tienen más información, en base a la CESPM o alguna otra instancia gubernamental que nos puedan a obtener dar datos más certeros para dar ubicación para notificar”, explicó Sosa.

El funcionario confirmó que de lo que cobre la autoridad estatal, se van a quedar con el 2.5% de lo recuperado.

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Por su parte, la recaudadora de rentas, Bianka Viramontes Cervantes, informó que las cuentas pendientes por cobrar más importantes son alrededor de 10 mil cuentas las que están en esta condición.

Cada uno de estas cuentas, adeudan 50 mil pesos, o más, por lo que la autoridad estatal colaborará en la ubicación de dichas personas, ya sean físicas o morales, con el fin de notificar y empezar el proceso administrativo de ejecución.