Dejan libre a sentenciado de violación; víctima teme por su vida

Celeste Espinoza

A principios de septiembre del presente año, Eduardo fue sentenciado a 10 años en prisión por el delito de violación, en el tiempo que llevó su proceso penal, estuvo en prisión preventiva.

El pasado 10 de octubre, mediante una audiencia virtual de revisión de medidas cautelares, el juez de control Fernando Serrano, le otorgó pasar su sentencia en arraigo domiciliario sin vigilancia de policías.

La víctima de nombre Priscila García, ante esta noticia, decidió hacer mediático su caso para que las autoridades tomen en cuenta su caso y que por lo menos, le brinden medidas de protección a ella, ya que teme por su vida.

Relató que su agresor y ella, trabajaban en la Delegación Regional del Instituto del Seguro Social, sobre la calzada Cuauhtémoc, Eduardo, era hermano de la jefa de Priscila, una persona que hostigaba laboralmente a la mujer.

La agresión sexual ocurrió el 27 de enero del 2022, Priscila había acudido a su vehículo estacionado afuera de su trabajo a dejar unos objetos de decoración.

En un momento dado, Eduardo llegó por detrás y le golpeó la espada y comenzó a realizarle tocamientos inapropiados hasta llegar a la agresión sexual.

El sujeto amenazó de muerte a Priscila, indicándole que sabía mucha información de ella, donde vivía, escuelas de sus hijas, con la intención de que ella no lo denunciara.

Fue el mes de mayo que la víctima ya no soportó la situación, ya que comenzó a ser hostigada por muchos trabajadores de su institución laboral, y decidió emitir una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Tanto el IMSS como la Fiscalía General del Estado, en específico dos agentes que les tocó llevar el caso de Priscila, la revictimizaron en reiteradas ocasiones.

Fueron más de tres años, en la lucha de obtener justicia, ya que, por parte de la defensa del acusado, solo se alargaban las fechas de audiencias por distintos motivos, el concepto más repetitivo era la revisión de medidas cautelares.

Aunado a que Eduardo ya había sido declarado culpable, la audiencia que se llevó a cabo hace unos días, el juez de control tenía conocimiento de la sentencia.

Sin embargo, se basó en una audiencia del mes de marzo para otorgarle el arraigo domiciliario sin vigilancia. En ese momento, los abogados y ministerio público de Priscila, pidieron protección para víctima y el juzgador se los negó.

Priscila exige justicia para ella, ya que teme por su vida y por la de sus dos hijas. Desde que ha llevado este proceso, fue diagnosticada con depresión, ansiedad y estrés postraumático.