Salario mínimo 2025: Multas y sanciones para quienes incumplan con la ley

A partir del 1 de enero de 2025, el nuevo salario mínimo en México tiene un incremento del 12 por ciento, fijando un monto de 278.80 pesos diarios a nivel general, y 419.88 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN). Esta medida, anunciada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contó con el apoyo tanto del sector patronal como de los representantes de los trabajadores. Ambos sectores acordaron que las negociaciones salariales contractuales no deben tomar como referencia este ajuste en el salario mínimo.

El incremento reflejado en el salario mínimo, que en 2025 ascenderá a 8,475 pesos mensuales, es una medida que busca mejorar las condiciones económicas de los trabajadores mexicanos. Este ajuste salarial es respaldado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), que protege a los empleados contra pagos inferiores a la remuneración básica. Para quienes no cumplan con el salario mínimo establecido, la LFT establece sanciones severas.

• Prisión de seis meses a tres años y una multa de 86,856 pesos (800 veces la UMA) cuando el monto de la omisión no exceda del importe de un mes de salario mínimo general del área geográfica correspondiente.

• Prisión de seis meses a tres años y multa de 173,712 pesos (1,600 veces la UMA) cuando el monto de la omisión sea mayor al importe de treinta veces la UMA, pero no exceda tres meses de salario mínimo general. 

• Prisión de seis meses a cuatro años y multa de 347,424 pesos (3,200 veces la UMA) si la omisión excede a los tres meses de salario mínimo general del área geográfica. 

Además, el incumplimiento en el pago del salario mínimo puede ser considerado como un delito de explotación laboral según la Ley para la Prevención de Trata de Personas, lo que agrava aún más las consecuencias legales para los empleadores.

Este aumento refleja un paso importante en la protección de los derechos laborales en México, buscando que los salarios estén más en sintonía con el costo de vida y permitan una mejor calidad de vida para los trabajadores del país. Sin embargo, su cumplimiento dependerá de la vigilancia y el compromiso tanto de las autoridades como de los empleadores en todo el territorio nacional.