Cultura Tributaria
Administración de los recursos públicos y transparencia
Sergio Ledezma
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Por hoy nos encontramos en el inicio de una etapa relevante en nuestro país, promesas de campaña que pueden o no llevarse a la práctica de manera que todo ello dependerá de las posibilidades reales en el aspecto político y financiero, que todo depende ahora de la verdadera experiencia que tienen los funcionarios encargados de cada cartera, disminuir las cuotas de impuesto especial sobre producción y servicios en las gasolinas, disminución a la tasa del impuesto al valor agregado en la frontera norte al 8 por ciento y otros tantos aspectos, donde evidentemente reflejarán una baja en la recaudación de manera importante.
El tema del ataque a la corrupción es relevante en estos tiempos donde de manera importante se tienen que cubrir aspectos fundamentales en el ataque a ese vicio a través de la transparencia y rendición de cuentas efectivo donde a partir de las modificaciones a las diversas normas se genere una identificación real de las conductas de esos funcionarios y que por hoy la ley plantea sanciones relevantes que inhiben conductas, pero la parte especial debe ser sin duda la imposición de las penas.
No es una novedad la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, las normas así lo establecen desde hace ya bastante tiempo solo hace falta llevarlo a la práctica de manera efectiva, en ello se puede partir de la identificación del costo de la corrupción en la consideración de que por hoy representa un promedio del 14 por ciento de los ingresos de las personas, igualmente debe recordarse que para que se ocurra esa circunstancia se necesitan dos partes, así que disminuir la corrupción implica también la participación de los ciudadanos donde la responsabilidad individual nos lleve a evitar la entrega de dinero a cambio de favores de cualquier tipo.
El uso responsable de los recurso públicos debe vigilarse en primer término por órganos internos pero también de manera muy amplia por los ciudadanos a través de todos los mecanismos posibles y desde luego con la exigencia del bien hacer, todos en conjunto en beneficio de una mejor comunidad, unos cumpliendo con la responsabilidad de contribuir al gasto público con el pago de nuestros impuestos, la exigencia constante a los servidores públicos para el buen uso, por otro lado la exigencia a los juzgadores en la imposición de sanciones y el requerimiento del retorno de las cantidades tomadas indebidamente.
Por otro lado la normatividad general vigente en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública dispone la obligatoriedad para múltiple sujetos en los tres órdenes de gobierno de realizar diversas acciones como contar con unidades de transparencia, recibir y atender solicitudes de información pública, publicar información a través de sus páginas web a lo que se le denomina transparencia reactiva, proactiva y de datos abiertos, clasificación de información e integración de comités de transparencia.
En cuanto a la normatividad, debe atenderse a todas las obligaciones que los órganos de gobierno deben cumplir, considerando que en su caso debe establecerse una estructura orgánica con personal suficiente que les permita avanzar y cumplir con los ordenamientos jurídicas, ante el incumplimiento de las disposiciones naturalmente establecen las infracciones y sanciones en que pueden incurrir esos funcionarios, de tal forma que la exigencia también debe hacerse de manera amplia por los ciudadanos y los órganos encargados de calificar y sancionar.
La característica especial de un gobierno transparente parte de un gobierno abierto, que implique el cumplimiento de algunos puntos como la transparencia en la información y las actividades, la participación ciudadana como instrumento de vigilancia ,exigencia y colaboración, así como la rendición de cuentas y el mismo acceso a la información, en ese sentido como se apuntado antes, los ciudadanos debemos ser verdaderamente activos utilizando las plataformas digitales, involucrarnos en esa posibilidad del acceso a la información pública.
Los funcionarios de esos niveles deben capacitarse de manera permanente en el conocimiento de la normatividad general y local para analizar de manera detallada la información que ha de compartirse públicamente, sujetarse de manera estricta a los plazos que otorga la ley para la correspondiente entrega de la información solicitada, publicar y generar información suficiente que haga que el ciudadano tenga una participación real en un gobierno abierto para de esa forma incidir en las decisiones de las acciones de gobierno a través de la consulta, involucramiento y colaboración.
