En un país donde la corrupción suele diluirse por argucias legales y por el paso del tiempo, la resolución marca un límite. Las negociaciones ilícitas serán castigadas y son un delito.
DE REBOTE
La reciente resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que confirma la constitucionalidad del artículo 271 del Código Penal de Querétaro no es solo un fallo jurídico: es un mensaje político y administrativo claro: el delito de negociaciones ilícitas existe, es válido y puede aplicarse; no hay vacío legal, no hay ambigüedad y no hay margen para eludir responsabilidades bajo el argumento de una supuesta inconstitucionalidad.
Durante años, uno de los recursos más utilizados por exfuncionarios señalados por corrupción ha sido atacar la ley, alegando que las normas están mal redactadas, que criminalizan funciones públicas o que violan principios constitucionales se ha vuelto una estrategia recurrente para ganar tiempo o buscar la nulidad de procesos. La decisión unánime de la Corte desmonta ese argumento: el artículo 271 es claro, específico y cumple con los estándares constitucionales.
La norma sanciona algo básico: que una persona servidora pública no use su cargo ni información privilegiada para beneficiarse a sí misma o a terceros. No criminaliza la función pública, criminaliza el abuso de poder; quien no incurre en esas conductas no tiene nada que temer y quien lo haga que se atenga a las consecuencias.
En ese contexto, el intento del ex presidente municipal de Colón Alejandro Ochoa, por echar abajo la determinación judicial no era una defensa del Estado de derecho, sino una apuesta por la impunidad, pretendía verse beneficiado de una interpretación que ya fue desechada por el máximo tribunal del país, sigue en prisión no por un tecnicismo, sino por hechos concretos encuadrados en un tipo penal que la Corte ha validado plenamente.
El fallo también respalda el trabajo jurídico de la Fiscalía General del Estado, no se trata de una ocurrencia local ni de un exceso punitivo, sino de una interpretación avalada por las ministras y ministros de la Corte tras un análisis de fondo. Eso fortalece las investigaciones en curso y manda una señal a quienes aún creen que el cargo público es una plataforma para hacer negocios personales.
Bernal una vez más en el ojo del huracán, la proliferación de negocios que solamente atinan vender “miches” de mal gusto, están acorrientando el lugar y más que turismo que goza de contacto con la naturaleza, el turismo de “gomichelas” quiere apropiarse del lugar para llevarlo a lo ordinario.
