Incrementan operativos para cuidar a activistas

Luego de amenazas por parte de elementos de seguridad privada

atencion-migrante — Fundador de la Estancia del Migrante González y Martínez, Martín Martínez.\n

Patricia López Núñez

La Policía Federal, la Policía Estatal y las corporaciones municipales de seguridad incrementaron los operativos para cuidar a los activistas que brindan ayuda humanitaria durante el paso de migrantes, tras la denuncia nacional de varias organizaciones por las amenazas e intimidación contra estos grupos de parte de los elementos de una empresa de seguridad privada y los ataques de algunas pandillas, reconoció el fundador de la Estancia del Migrante González y Martínez, Martín Martínez.

Destacó que los recorridos y trabajo de acompañamiento de esas corporaciones federal, estatal y municipales aumentaron sobre las vías del tren, como una medida de protección para los migrantes y activistas, a partir de las amenazas que sufrieron por parte de los elementos de seguridad privada que cuidan el paso del tren y que tratan de intimidar con armas.

“Hay un aumento a las agresiones físicas, verbales, presencia intimidatoria, sobre todo contra los menores, tenemos 17 niñas y niños que están siendo afectados psicológicamente con la presencia de esos hombres armados, como si fueran a la guerra. Son niños voluntarios, de hasta un año a diez años, que acompañan a los activistas porque no los pueden dejar en sus casas”, declaró Martín Martínez.

Confió en que el acompañamiento por parte de las corporaciones municipales, estatal y federal generará más seguridad para el trabajo humanitario que llevan a cabo los activistas, porque suman ya 29 personas que sufren la intimidación de los elementos de seguridad privada.

“De la Policía Federal, la municipal y estatal sí, tenemos respuesta de esa seguridad, aumentaron los recorridos en acompañamiento a la labor que se hacen todos los días. Ahora con más intensidad. En las empresas (de seguridad privada) está incrementando la violencia a partir de nuestras denuncias”, lamentó el activista.

Aunque la empresa de seguridad privada no da respuesta formal a las denuncias, sí se cuenta con el apoyo y del estado, porque “es un deber del gobierno detener esta problemática, el Gobierno estatal tiene la obligación de hacer valer nuestro derecho como sociedad civil, que juega un papel fundamental en estas situaciones”.

Martínez Ríos añadió que los activistas también cambiaron un poco sus hábitos de ayuda, de manera que ahora “ya no nos quedamos a altas horas de la noche por seguridad de los niños, las niñas y las mujeres, anteriormente nos quedábamos hasta la 1 o 2 de la mañana, hoy no, por seguridad, vamos cambiando”.

A pesar de esos cambios, dijo, la migración no para y cuando no, los migrantes no pueden abordar el tren, caminan o viajan en grupos más pequeños, “de 20, 25 o 30 personas”, cuando antes viajaban en grupos más grandes.

Las agresiones también se sufren de parte de pandillas locales y población civil, sobre todo en zonas como La Cañada, Hércules y Santa María Magdalena, donde se presentan robos y ataques en contra de los migrantes desde el año pasado, principalmente de noche.

Los migrantes tratan de evitar ese corredor pero no presentan denuncias ante la falta de confianza de que procedan las carpetas de investigación, pero eso tampoco disminuye la migración.