Jueces cívicos podrán solucionar conflictos

Entre los beneficios de la reforma, está el fortalecimiento institucional con la creación de la Dirección de Justicia Cívica

TENDRAN — Tendrán jueces cívicos y procuradores sociales de la capital, mayores facultades. / Foto: Miguel Cruz / Diario de Querétaro

Verónica Ruiz / Diario de Querétaro

Con el nuevo Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Querétaro, los jueces cívicos y procuradores sociales tendrán “dientes” para solucionar conflictos y generar un entorno de paz social y justicia, señaló el secretario de gobierno, Martín Arango García.

Señaló que con esta reforma, se crea la Dirección de Justicia Cívica, y se amplía las capacidades y la cobertura de los operadores de justicia cívica, con la creación del Departamento de Procuraduría Social, que anteriormente era el Departamento de Mediación.

Exponen experiencias en prevención y justicia cívica

“Con esto le estamos dando una mayor fortaleza a la justicia cívica, haciendo que los procuradores sociales tengan la capacidad de solucionar conflictos y en caso de no encontrar solución a los mismos, y de representar una falta administrativa, se pueda sancionar a quien los incumpla”, dijo.

Señaló que los procuradores sociales -antes mediadores- mandaban llamar a la gente para solucionar un conflicto, pero en muchas ocasiones no iban, y si no había voluntad de las partes no se resolvían, es decir, “no tenían dientes para llevar a cabo resoluciones administrativas”.

Agregó también que hoy se está maximizando el trabajo en favor de la comunidad como sanción, toda vez que antes de la reforma, era optativo; ahora, el juez cívico tendrá la facultad de imponer sin necesidad del consentimiento del infractor, el trabajo en favor de la comunidad.

Asimismo, se amplían las facultades para que la policía de proximidad y los jueces cívicos, puedan conocer y atender diferencias familiares, como son las peleas entre esposos, siempre y cuando no representen un delito.

Se integran 4 municipios a sistema de justicia cívica

“Esta reforma nos va ayudar muchísimo a generar un entorno de paz social, de justicia en la ciudadanía, esta reforma nos va ayudar a resolver los problemas cotidianos que suceden todos los días entre vecinos, entre ciudadanos, a través de la justicia cívica”, señaló.

Refirió que con esta reglamentación, se homologó la Ley de Justicia Vecinal del Estado, con la reducción de faltas administrativas, al pasar de 80 faltas a 40.

Y como resultado de la implementación del Reglamento de Justicia Cívica, del 30 de junio de 2023 al 13 de febrero de 2024, fueron remitidas 15 mil 557 personas ante los jueces cívicos, lo representa el 60% de todas las faltas administrativas que se comenten en el estado.

Además, 12 mil 483 personas fueron sancionadas con horas de arresto, lo que representa una reducción del 14% del total de los infractores que han recibido la sanción de arresto, gracias a que se han diversificado las sanciones impuestas por los jueces cívicos.

También 909 personas fueron sancionadas con multa, lo que representa una disminución del 5% de los infractores con dicha sanción.

Mientras que 444 personas han sido sancionadas con trabajos en favor de la comunidad y se han realizado 39 jornadas de trabajo supervisadas por la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Las personas que han sido sancionadas con trabajo en favor de la comunidad, han realizado acciones de recuperación en espacios públicos, actualmente solamente se han realizado en los Ciprés, pero la intención es que puedan llevarse a un número mayor de espacios públicos”, dijo.

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Informó que también se registraron mil 644 hechos de tránsito, en los cuales el 41% llegaron a un acuerdo reparatorio para solucionar el conflicto, lo que representa 12.4 millones por el concepto de reparación de daño.

Las faltas administrativas están agrupadas en seis rubros: infracciones contra la dignidad de las personas; contra la tranquilidad de las personas; contra la seguridad ciudadana; medio ambiente; el entorno urbano; y contra el maltrato de animales domésticos que no constituyan delitos.