Presenta PRI plan anticorrupción
Mauricio Ortiz revela paquete de iniciativas para la fiscalía
Patricia López Núñez
El coordinador de los diputados locales del PR, Mauricio Ortiz Proal y la diputada del tricolor Antonieta Puebla Vega resaltaron que uno de los retos es dar más facultades a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) así como abrir la posibilidad de actuar contra particulares.
Dentro del paquete de reformas y nuevas leyes, los diputados priístas proponen crear un comité rector del Sistema Estatal de Fiscalización y sanciones que podrían llegar hasta la privación de la libertad en casos graves, al igual que el incremento de las sanciones administrativas.
Ortiz Proal, anunció que este paquete de iniciativas se enviará a diversos organismos de la sociedad civil, organismos empresariales y universidades, para conocer su opinión y aportaciones para este documento, en busca de “perfeccionarlo” y se realizará de manera independiente al trabajo que realizan otros diputados y el gobierno estatal.
“Este documento cumple buena parte de las expectativas de la reforma del sistema anticorrupción, contiene o cubre buena parte de los requisitos que el sistema plantea, debemos conocer otras propuestas, pero es una gran plataforma de despegue, que a partir de esto podamos darle a Querétaro un sistema de combate a la corrupción”, declaró el diputado.
La propuesta de los priístas contempla tener una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, “Con cierto grado de autonomía, pero dependería orgánicamente de la Fiscalía General del Estado”, con el fin de evitar que se generen nuevas instituciones con un peso administrativo grande.
Mauricio Ortiz, aclaró que la legislatura tiene un plazo de diez meses “para procesar de todo esto”, pero se debe abordar el tema “De manera inmediata, así que aquí está la propuesta del PRI, es seria, razonable y consistente”.
La diputada Puebla Vega detalló que la corrupción involucra a todos y es necesario que se combata la problemática de manera conjunta y para eso se propone cambiar el nombre del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a Tribunal de Justicia Administrativa.























