Proponen blindar programas sociales en Constitución de Querétaro

El objetivo es el de evitar su uso político y asegurar su permanencia. Plantean que el presupuesto no sea reducido respecto al ejercicio anterior.

Rea Gayou — Diputados del PT, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron la iniciativa conjunta para constitucionalizar los programas sociales en Querétaro. / Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

Lorena Sandoval

Los partidos del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena presentaron de manera conjunta una iniciativa para incorporar los programas sociales del estado de Querétaro a la Constitución local, con el objetivo de^{garantizar su continuidad,}eliminar su uso clientelar y asegurar un piso presupuestal mínimo para su operación.

Durante la presentación, la diputada Claudia Díaz Gayou del PT explicó que esta propuesta busca que los programas sociales “sean un derecho y no una moneda de cambio para temas electorales”.

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Añadió que esta reforma responde a una exigencia ciudadana para que las políticas de bienestar estén al servicio de la población, libres de intereses personales o partidistas.

Arturo Maximiliano García Pérez, legislador de Morena, sostuvo que estos apoyos deben trascender administraciones y convertirse en derechos constitucionales, comparándolos con programas federales como la pensión para adultos mayores.

“La lógica es que no sean selectivos ni condicionados, sino derechos para quien cumpla los requisitos”, dijo.

Por su parte, el diputado Paul Ospital Carrera, de Movimiento Ciudadano, indicó que los tres partidos están de acuerdo con los programas sociales impulsados por el actual gobierno estatal.

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“Lo que queremos es que no se quiten, que no se les reduzca ni un solo peso, y que en los próximos presupuestos se mantengan e incluso crezcan”, expresó.

La propuesta establece que el estado deberá destinar anualmente los recursos presupuestarios suficientes para garantizar estos derechos, bajo el principio de progresividad. Es decir, el presupuesto no podrá ser menor al ejercido en el año anterior en términos reales. En 2025, el monto destinado a estos programas fue de 717 millones de pesos.

El documento también contempla que los municipios podrán aportar recursos adicionales cuando sus programas coincidan con las poblaciones objetivo de los esquemas estatales. La iniciativa será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y eventual dictaminación.

Finalmente, los legisladores aseguraron que esta reforma no interfiere con el control y fiscalización del gasto público.

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“Una cosa es garantizar el presupuesto, y otra es el buen uso del recurso, que ya está regulado por la ley y puede sancionarse incluso penalmente”, concluyó Ospital Carrera.