Nuevamente el partido oficialista y aliados parece que tienen la asidua encomienda de destruir al país, y es que, en la noche del pasado miércoles, aprobaron una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o automática.

Es decir, este gobierno te puede meter a la cárcel sin tener que comprobar ningún delito, como dijeran popularmente, “agárrenlos, luego averiguamos”, pero sabemos que el trasfondo de esta reforma tiene la finalidad de amedrentar y perseguir a los opositores, a quienes no piensen como ellos.

Porque ahora ellos pueden decidir que vayas a la cárcel sin haber cometido ni un delito, pero estarás encerrado hasta que tu abogado demuestre que eres inocente, porque desecharon la presunción de inocencia y ahora con el Poder Judicial del lado del Estado, será casi imposible que resuelvan a tu favor.

La ampliación de la prisión preventiva oficiosa es un completo retroceso que vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia, y en lugar de mejorar la eficiencia del sistema judicial, están vulnerando los derechos humanos y las garantías de un debido proceso.

Y estoy seguro que la batalla que dimos como oposición en la Cámara de Diputados, la darán los legisladores en la Cámara alta, para que así no se logre el cometido de vulnerar el derecho de una persona a tener una sentencia condenatoria previa y evitar que pierda su libertad de manera anticipada.

Porque pese a las modificaciones aprobadas, donde se eliminaron delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, entre otros delitos fiscales, sigue siendo una grave amenaza contra el principio de presunción de inocencia, porque dicha presunción es fundamental en el Estado de derecho y no puede sustituirse por otras medidas que vulneren el derecho a la inocencia sin una sentencia condenatoria previa.

Porque como lo dijimos, bajo su premisa de “luego investigamos”, podrían encarcelar a cualquier persona sin juicio previo, solo por una sospecha, abriendo la puerta a la extorsión y el abuso de autoridad, y entonces los ciudadanos pasamos a ser, bajo cualquier pretexto, presuntos culpables.

Este régimen debe entender que lo que en verdad necesitamos es una justicia que respete las garantías individuales, no una ley del garrote que encarcele solamente por sospecha y abra la puerta a la represión. México merece una verdadera democracia donde el estado de derecho y la libertad sean prioridad.

No podemos permitir que, de ahora en adelante, cualquier ciudadano, llámese empresarios, colectivos, defensores o líderes de opinión queden vulnerables a un sistema que puede detenerlos sin pruebas. Basta con que le inventen cualquier delito y listo, lo encarcelarán solo porque le incomoda al régimen; si esto no es dictadura, entonces qué es.