Aún hay violencia de género en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- “Exigimos la transformación de la estructura, funcionamiento y dinámicas del Estado para eliminar el patriarcado. No se trata solo de una acción de protección a las mujeres sino de generar políticas para que hombres, mujeres y el Estado mismo, eliminemos las relaciones de desigualdad que se oponen al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”.

Así lo pidió Mercedes Olivera Bustamante, del Centro de Derechos de las Mujeres, quién en representación de organizaciones que forman la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas se pronunciaron en contra de la continuidad de la Alerta de Violencia de Género (AVG), ya que no se ha garantizado una vida sin violencia en el ámbito público como privado.

En conferencia en las oficinas del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, consideró que los discursos oficiales de la AVG vulgarizaron el género en vez de promover relaciones de igualdad, “las actividades de iluminación, limpieza de baldíos, construcción de bardas de lotes y patrullajes son acciones que forman parte de las obligaciones cotidianas de las autoridades, que fueron reportadas como emergentes para aparentar el cumplimiento de la Alerta”.

Por su parte, Doria Hernández Gómez, del Colectivo de Defensoras y Feministas Independientes, lamentó que el informe de las autoridades refleja que más del 60 por ciento del presupuesto asignado a la AVG se canalizó a la capacitación de funcionarios y policías de diversos niveles, sin que haya redundado en las transformaciones personales necesarias para asumir y aplicar la justicia con visión de género.

Por lo anterior, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas considera que combatir la violencia de género no es incorporar mecánicamente la perspectiva de género a las políticas y programas del Estado, ni de realizar actividades parciales, sino asumir la existencia de las desigualdades y violencia de género en todos los ámbitos de la vida social.

“Es necesario transformarlas y de eliminar el carácter patriarcal del Estado desde su raíz, por lo tanto, la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres que tiene asignada constitucionalmente, no debe reducirse a medidas emergentes y superficiales como la AVG, sino requiere de una política pública nacional que ataque los problemas de violencia de género de manera estructural. Esta es nuestra exigencia”, concluyeron.