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Una deuda de estado que tiene rostro real y humano
Mientras los gobiernos cambian, las familias continúan viviendo como intrusos en su propia tierra, sin certeza legal, sin servicios y con la amenaza latente de ser ignorados una vez más.
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Aunque el SAPAM proyectó 60 días de trabajos, la sustitución de la red hidráulica suma 134 días con avance del 80%; colonias continúan sin servicio y hay cierre vial en Julio M. Corzo
Ultima calle del norte de la capital / Isaí López / El Heraldo de Chiapas
Casi 50 mil personas viven atrapadas entre la incertidumbre jurídica y la marginación urbana en Tuxtla Gutiérrez. Son habitantes de 69 colonias establecidas desde hace cuatro décadas en terrenos ejidales que se convirtieron, por decreto, en parte del Parque Nacional Cañón del Sumidero (PNCS), y cuya escrituración ha sido postergada por cuatro gobiernos federales. Sin certeza legal sobre la tierra que compraron, sobreviven sin acceso a servicios públicos básicos, bajo un modelo de urbanización ilegal tolerada y creada de alguna forma por las mismas autoridades.
Posterior a la declaratoria como Parque Nacional Cañón del Sumidero en diciembre de 1980, a partir de 1984 se establecieron asentamientos humanos, la primera colonia fue Patria Nueva Alta. Para 1990 se fundaron Arroyo Blanco, La Esperanza y Las Granjas; en 1993 el gobierno del estado en turno planteó regularizar Patria Nueva, Las Granjas, El Carmen, Linda Vista Shanká, Las Casitas, Pistimbak, Potinaspak y Santa Cruz, expropió14-73-12.32 hectáreas y 572-69-42.18 hectáreas, que afectaron al parque.
La colonización creció en esa zona y para 1995 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) identificó 163-57-58 hectáreas con una población de 8 mil 513 personas en Plan Chiapas, Pedregal San Ángel y El Refugio en Chiapa de Corzo y Kilómetro 4 en Tuxtla Gutiérrez.
En Tuxtla Gutiérrez se contabilizan un total de 69 colonias irregulares entre ellas: Patria Nueva Alta, Arroyo Blanco, Ampliación Arroyo Blanco, La Esperanza, Las Granjas Oriente, Jardines del Norte, Kilómetro 4, Evolución Política o 27 de Febrero, Las Águilas, Calichal o Los Limones, Los Ángeles, Ampliación Las Granjas, Jardines del Pedregal, Paulino Aguilar Paniagua, Cerro Guadalupe, Carlos Salinas de Gortari, San Isidro Labrador, Independencia 2000, Emiliano Zapata, Nueva Jerusalén, Nueva Concepción y Vida Mejor, entre otras.
Colindantes con estas colonias tuxtlecas pero pertenecientes a Chiapa de Corzo se constituyeron otras 22 colonias irregulares, entre las que se cuentan: Buena Vista Cahuaré, Plan Chiapas, El Refugio, Pedregal San Ángel y Julio César Ruiz Ferro.
Entre todas se contabilizan 30 mil 469 predios, con problemas comunes como: invasiones, compra venta ilegal de predios, falta de conocimiento sobre el límite del Parque Nacional Cañón del Sumidero, carencia de infraestructura para delimitar el polígono federal, inmigración de la población del campo a la ciudad, falta de vigilancia del Área Natural Protegida y falta de interés de los afectados para solicitar la indemnización.
También está la incapacidad de poseedores para acreditar la propiedad por recursos limitados para efectuar procesos de indemnización, procedimientos inadecuados por parte de autoridades locales al momento de proporcionar servicios públicos a dichos asentamientos irregulares y falsas expectativas con el proyecto de desincorporación de 1995.
Pese a que los colonos adquirieron legalmente terrenos en el ejido Francisco I. Madero bajo el amparo de las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, la falta de regularización ha convertido a todas estas familias en ciudadanos de segunda categoría: sin escrituras, sin servicios, sin derechos y sin certeza jurídica de lo que compraron peso a peso.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, pasando por Peña Nieto, López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, los habitantes han exigido la regularización de al menos 2,910 hectáreas. En todos los casos, los trámites han terminado archivados o ignorados.
“Nos vendieron terrenos, no invadimos. Nos están empujando a protestar porque el abandono es total. Aquí asaltan a los jóvenes que van a la secundaria o la preparatoria, se tiran animales muertos en las calles, no hay vigilancia, y si alguien se enferma, no hay cómo salir rápido”, afirma Berlaín Hernández Velázquez, gestor comunitario desde hace más de 20 años.
El reclamo no es menor: más de cinco mil personas viven solo en el polígono de Loma Larga, una de las zonas más densamente pobladas sin escrituración, y donde incluso las conexiones eléctricas fueron realizadas por los propios vecinos. Los postes, instalados sin supervisión técnica, provocan constantes fallas en la red y daños a electrodomésticos.
La red de agua potable, iniciada en 2014, fue abandonada durante cinco años, reanudada en 2022 y detenida de nuevo. Hoy, solo una de cada cinco viviendas tiene acceso al vital líquido. El drenaje sanitario es inexistente y las fosas sépticas ya colapsaron. La contaminación del subsuelo amenaza con desencadenar una crisis sanitaria de gran escala.
Otro gestor de la regularización es don José Antonio Barrionueva. Coincide en que las tierras eran del ejido Francisco I. Madero, pero la única vez que se preocuparon como tal fue en su venta y en el cobro de un “derecho” a la localidad, por la que se pagaban 250 pesos anuales al comisariado ejidal.
Ademas, sin agua, sin drenaje, sin seguridad y otros problemas sociales / Isaí López / El Heraldo de Chiapas
“Hemos hecho solicitudes en la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y nos han dicho en reiteradas ocasiones que no tenemos derecho porque estamos en tierras ejidales, pero es una superficie que nos vendió como particular el ejido Francisco I. Madero que hoy pertenece al Parque Cañón del Sumidero, no se trata de invasiones, sino de compra de las tierras”, reiteró.
Dijo que alguna vez les prometieron la red de agua potable, para lo cual se inició la obra en 2014, luego quedó tirado cinco años, lo retomaron en 2022 y lo vuelven a suspender para retomarlo en 2024, por lo que de 5 mil viviendas sólo unas mil personas tienen acceso al agua.
“Yo llevo 20 años en la colonia, otros tienen 30 a 33 años. Hay censos realizados por nosotros, hace falta la tenencia de la tierra. Vivimos sin seguridad, nuestra preocupación es en la noche. Aquí no hay recolección de basura, nuestras calles son de tierra o piedra, no hay drenaje, no hay tranquilidad, nos cuidamos entre todos”.
Dijo que les comenzaron un drenaje pero fue mal planeado, solo una calle —la de acceso del transporte colectivo— ha sido empedrada y las fosas sépticas ya se rompieron por el suelo rocoso, no hay forma de conectar los hogares a drenaje. El futuro de la colonia, de la gente, no es bueno y podría haber problemas de salud porque las letrinas se están reventando y hay filtración de aguas negras a pozos.
Respecto a la electricidad, son los mismos ocupantes quienes la han ido instalando, por eso los postes están en desorden y continuamente se descomponen los electrodomésticos ante las variaciones de voltaje al no ser la red adecuada, resaltó Antonio Barrionuevo.
“Hemos presentado documentos ante la Presidencia de la República en varias ocasiones. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas también ya presentó ante la Presidencia la propuesta de regularización, porque en las tierras no hay nada qué recuperar de lo que fue el bosque original, ni la presencia de fauna silvestre”, externó.
Lo paradójico es que estas colonias están dentro de un Área Natural Protegida. Sin embargo, ni la Secretaría del Medio Ambiente ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas han intervenido con soluciones claras. “No queda nada de bosque original ni fauna silvestre que recuperar”, aseguran los vecinos, quienes acusan que las autoridades solo aparecen para clausurar o sancionar, pero nunca para resolver.
Colonización ocupa grandes superficies sin escrituración / Isaí López / El heraldo de Chiapas
Los intentos por entrevistar a representantes de la Semarnat, la CONANP, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Registro Público de la Propiedad y otras instancias clave resultaron infructuosos. El silencio institucional es el sello de una problemática que, aunque conocida, sigue sin respuesta.
En medio de la omisión oficial, la vida cotidiana de las personas que habitan estas colonias transcurre entre la precariedad y el abandono. La diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en el Congreso local, reconoció que “es un problema que arrastramos desde hace décadas” y que las familias ya asentadas no pueden ser simplemente desalojadas, pues han generado patrimonio y arraigo.
Sin embargo, advierte que el origen del problema ha sido la permisividad de gobiernos que autorizan desarrollos en zonas prohibidas, sin respetar la carta urbana ni los principios básicos de ordenamiento territorial. “Se trata de errores acumulados por la falta de planeación, pero la solución debe ser integral, no punitiva”, afirmó.
Desde el sector salud, se alerta también del impacto de estas condiciones. Miguel Ángel Palafox Palacios, subdirector de Salud Pública del Estado, señala que las colonias irregulares se han convertido en zonas de alto riesgo para enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, debido al manejo inadecuado de residuos y la humedad constante.
La historia de estas 69 colonias evidencia la incapacidad de los tres órdenes de gobierno para responder a una realidad urbana que ya los sobrepasó. La urbanización en el Cañón del Sumidero no sólo refleja una crisis de legalidad, también es humanitaria y de derechos.
