De policías y ladrones
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Tabasco, 12 de marzo de 2026
De niños solíamos jugar un juego que se denominaba “policías y ladrones” se hacían dos grupos y unos se escondían: los denominados ladrones, para que estos posteriormente fueran buscados por el otro grupo, que eran los policías, y así corríamos, nos escondíamos, nos divertíamos, en fin, era la etapa de niñez. Ahora más allá de juegos, el tema es serio porque tiene que ver con la percepción de seguridad que nos rodea y que vivimos. A finales de diciembre del año pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas y presentó diez indicadores que conforman el denominado Modelo Óptimo de la Función Policial; un conjunto de los indicadores con su objetivo, descripción, cálculo y estándares mínimos, no obstante para algunas organizaciones de la sociedad civil, esto no es propiamente un ‘modelo’, sino una serie de requisitos, algunos ya contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al respecto, esta misma semana, el Senado de la República en una Síntesis del Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas que realizó el Instituto Belisario Domínguez, da cuenta de algunos puntos que esta medición presenta en un primer avance sobre el trabajo de profesionalización de los policías, pero que cierto es, aun es necesario plantear un modelo más detallado de la función policial, adaptado a circunstancias específicas y basado en evidencias.
Sobre el denominado estado de fuerza -uno de los diez indicadores medidos-, que es el número de policías preventivos estatales por cada mil habitantes, existen casi 129 mil policías, esto daría una cobertura de 1.1 policías por mil personas, sin embargo, el diagnóstico enfatiza que los policías evaluados y aprobados en control de confianza son solo 120 mil, lo que representa 0.8 policías por mil habitantes en promedio a nivel nacional. ¿Cómo estamos en los Estados? Existen variaciones importantes en este indicador, las entidades federativas con mayor número de policías por cada mil habitantes son la Ciudad de México con 4.2, le sigue Tabasco con 1.8 y después Yucatán con 1.6. Con menos policías están Baja California con 0.3, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Sonora con 0.4 policías.
Otro punto importante que reporta el documento es la evaluación de permanencia y programa de depuración, esto es el número de policías con resultados aprobatorios y vigentes en las evaluaciones en materia de control de confianza. El diagnóstico reporta que el 78.8% de los policías cuentan con evaluación de control de confianza aprobada y vigente; 11.2% con aprobación no vigente; 2.1% con resultado pendiente; y 6.9% no aprobó la evaluación. Además se revisa ña actualización en el sistema de justicia penal, que consiste en que los policías cuenten con capacitaciones prácticas relacionadas con las funciones policiales dentro del marco del nuevo sistema oral acusatorio. El diagnóstico señala que los policías debe de recibir 30 horas mínimas anuales de capacitación en tres talleres obligatorios. También se debe mejorar las prestaciones laborales para generar estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo, que fortalezcan la vocación de servicio y el sentido de pertenencia de los policías. Y es que en algunos estados del país un policía gana $5,391 y hay otros donde ganan más del doble.
Al revisar este diagnóstico salta a la vista que existen varias asignaturas pendientes en el marco normativo, institucional y material que frenan la existencia de policías estatales más confiables, mejor preparadas, más profesionales y con condiciones laborales dignas en todo el país. A pesar de que, desde 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno con la promoción del desarrollo policial, la carrera policial, la profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, además de garantizar la seguridad social para todos los policías. Se debe revisar la legislación vigente y generar cambios normativos que garanticen el desarrollo policial y mejores condiciones laborales para todos los policías.
