Líder de la UGRT, vinculado a proceso

Luego de una prolongada diligencia la juez Ana Gabriela “N” determinó vincular a proceso al ex dirigente de la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT), Baltazar “N”, luego de encontrar elementos que la Fiscalía General del Estado (FGE) probó, en su presunta responsabilidad de la desaparición de 30 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Forestal Agropecuario y Pesca (SEDAFOP) destinó para apoyos a agremiados.

En el proceso de defensa, el abogado del acusado defendió su postura en el hecho de que la deuda de los 30 millones había sido cancelada por la propia dependencia mediante una condonación, pero el Fiscal sostuvo que se realizaron una serie de actos de los que fue evidente que los recursos destinados fueron utilizados en otros rubros pero no para los que se pidió el préstamo.

También será sometida a investigación Lucina Tamayo, por haber autorizado la condonación de los 30 millones de pesos de los que por casi cinco años, Pedro Jiménez León, en calidad de titular de la SEDAFOP otorgó prórrogas consecutivas de seis meses para que corrieran los tiempos que finalmente en el último año de la administración gubernamental de Arturo Núñez Jiménez salieran beneficiados los responsables de la UGRT.

El encarcelamiento del Baltazar “N” obedece a que los recursos obtenidos de los que junto con el Presidente y Tesorero de la Unión Ganadera recibieron, los destinaron a otros rubros, entre estos, pagos de pensión alimenticia, a Comisión Federal de Electricidad, a socios, deudas diversas, pero no al rubro establecido que era para el fortalecimiento de la cadena productiva en el procesamiento y producción de carne de bovino.

Además, los 30 millones de pesos los recibieron mediante un depósito bancario hecho por la SEDAFOP y el mismo día lo retiraron y pasaron a otra cuenta a nombre de la Comercializadora Unión donde Baltazar “N” es socio y ese mismo día en que hicieron el traspaso, volvieron a realizar diversos retiros a otras cuentas de las que hoy la Fiscalía de Justicia solicitaría al órgano juzgador, cuatro meses para investigar quiénes utilizaron finalmente el dinero, previa solicitud a la Comisión Nacional Bancaria.