El representante de Futuro, Mario Silva, expresó su inconformidad ya que Héctor Romero Fierro no garantiza imparcialidad
Victor Ramírez / El Occidental
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La designación de Héctor Ramos Fierro como interventor liquidador del partido Futuro ante la posibilidad de que pierda su registro local provocó la división entre los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ya que los partidos lo acusaron de que sería imparcial porque durante la campaña hizo publicaciones personales en las redes sociales en contra de Pedro Kumamoto y los llamó delincuentes.
El representante de Futuro ante el IEPC; Mario Silva, expresó su inconformidad ya que Héctor Romero Fierro no garantiza imparcialidad para poder llevar un proceso en el que administrará y recibirá recursos públicos, ya que su actuar durante las campañas en donde mostró una afinidad hacia Movimiento Ciudadano no les garantizaba un proceso limpio en caso de perder su registro.
A estas quejas se sumaron las de las consejeras electorales Zoa García y Guadalupe Bustos quienes manifestaron que esas publicaciones eran suficientes para no considerar viable la propuesta y que se debería de designar a otra persona o que fuera el mismo interventor que llevaría el proceso del partido Hagamos en caso de perder el registro, petición que fue rechazada por la mayoría de los consejeros pese a las protestas y explicaciones de los representantes de los partidos.
La presidenta del IEPC Paula Ramírez, la consejera Alejandra Vargas, Miguel Godínez, Brenda Serafín y Moisés Pérez consideraron que las manifestaciones hechas en las redes fueron dentro del proceso electoral pero que la persona propuesta y avalada reunía todos los requisitos de ley.
Alejandra Vargas mencionó que la obligación que tiene para hacer este tipo de procedimientos es “la verificación de cumplimiento de los requisitos que nosotros mismos plasmamos en el lineamiento, son claros y aunque son varios como tener experiencia comprobable en la materia, ser ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos, gozar de buena reputación, no haber sido condenado mediante sentencia ejecutada por delito intencional que amerite pena corporal, no desempeñar empleo o cargo en la administración pública federal, estatal o municipal; no haber desempeñado cago en la dirección nacional estatal o municipal de algún partido político”.
Además no podrán participar en el proceso si son cónyuges o parientes hasta el cuarto grado por consanguinidad de dirigentes de partidos políticos, candidatos o del dirigente del partido en liquidación, no haber sido apoderada del instituto político a liquidar o de cualquier otro partido, no haber mantenido relación laboral con cualquier partido en los últimos tres años y todos esos requisitos los reunieron ambas propuestas.
En el caso de la designación de Amado Salvador Casasola para ser el interventor liquidador de Hagamos, no se opuso el representante del partido ante el Instituto Electoral y una vez que se le aclararon las dudas de cómo fue el proceso de designación, si era la única persona con la capacidad de llevar a cabo el proceso, entre otras cuestiones, ya que quedó conforme con lo explicado por la presidenta del organismo quien mencionó que fue difícil encontrar los perfiles.
“Lo que hizo el Instituto fue invitar a 44 personas que forma parte de la lista vigente auxiliares de la administración de justicia del Consejo de la Judicatura del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia, se escogió a las 44 personas que contaban con el perfil de formación de auditores, contadores, liquidadores, abogados fiscalistas; recibimos como respuesta seis propuestas de seis personas interesadas en participar” de ellas sólo dos reunieron todos los requisitos marcados en la convocatoria explicó Paula Ramírez.
Indicó que el punto básico fue la experiencia de haber liquidado a alguna empresa, una asociación y ésta sólo la tuvieron las dos personas designadas y hasta ese momento desconocían lo publicado en las redes sociales ya que no buscaron esa información que no estaba contemplada en la convocatoria y consideraron que no es fundamental para poder garantizar la calidad del trabajo que tiene que hacer junto con un grupo de colaboradores.
