La decisión será notificada al Congreso en donde finalmente se avalará o se rechazará la petición, al INE, al Tribunal Electoral y a diversas autoridades que estarían involucradas en la prestación de un servicio.
De las personas que se han atendido el 56% han acudido argumentando que se les niega un servicio, 25% por situaciones que se pudieran considerar una violación grave a los derechos humanos y 19% por una cuestión de atención en temas laborales
