Parquímetros Virtuales: El negocio del espacio público

La expansión de los parquímetros virtuales en Guadalajara se presentó como una política pública orientada a ordenar el estacionamiento en la vía pública y mejorar la movilidad urbana. No obstante, la experiencia cotidiana de miles de usuarios, sumada a datos oficiales y prácticas irregulares persistentes, ha convertido al sistema —a casi una década de su implementación— en un foco de cuestionamiento sobre su verdadero propósito: la gestión del espacio público o la recaudación sistemática sin beneficios visibles para la ciudad.

A través de plataformas digitales como Parkimovil (antes Kigo), el estacionamiento en la vía pública se ha transformado en un servicio de pago permanente, administrado mediante aplicaciones móviles, mensajes SMS o establecimientos autorizados. Se estima que diariamente más de 25 mil operaciones de pago se realizan en estas zonas.

El modelo funciona bajo el reglamento de estacionamientos de Guadalajara, que establece una tolerancia de 10 minutos antes de generar sanciones. Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Dirección de Movilidad y Transporte, hasta diciembre de 2025 el 32.3 por ciento de las infracciones viales correspondieron a la omisión en el pago del parquímetro, acumulando más de 57 mil multas en un solo año.

A la par del cobro institucional, el sistema convive con prácticas abiertamente ilegales que los municipios no han logrado erradicar. En corredores comerciales y zonas gastronómicas, especialmente durante las noches, ciudadanos denuncian la presencia constante de los llamados apartalugares o franeleros, quienes exigen cuotas para permitir el estacionamiento en la vía pública. Vecinos de estas zonas estiman que el cobro informal alcanza entre 50 y 100 pesos por vehículo, particularmente en fines de semana.

Este fenómeno configura un doble cobro del espacio público: uno formal, regulado y sancionado con multas, y otro informal, tolerado en los hechos por la ausencia de vigilancia. Paradójicamente, el reglamento municipal contempla sanciones claras para estas prácticas. Cobrar por permitir el estacionamiento sin ser autoridad puede derivar en multas de hasta 5 mil 161 pesos, mientras que apartar lugares con objetos conlleva sanciones de hasta 3 mil 721 pesos por metro lineal. Pese a ello, en los últimos tres años no se ha reportado públicamente un número significativo de sanciones aplicadas contra franeleros en estas zonas.

La situación se agrava al analizar el flujo del dinero. Del total recaudado por el uso de parquímetros, el 20 por ciento se destina a la empresa operadora Parkimovil como comisión, mientras que el 80 por ciento ingresa a las arcas del Gobierno de Guadalajara. Tan solo en 2024, la recaudación por parquímetros virtuales habría superado los 120 millones de pesos, según estimaciones basadas en datos municipales. La autoridad ha insistido en que el sistema no es una concesión y que los recursos se reinvertirán en obras públicas; sin embargo, no existen informes desagregados que permitan identificar con claridad el destino de estos recursos en las zonas donde se generan.

Vecinos y comerciantes señalan que, pese al cobro permanente, las condiciones urbanas permanecen sin cambios sustanciales. Banquetas deterioradas, deficiente iluminación, falta de infraestructura ciclista y problemas de seguridad vial persisten en colonias donde el estacionamiento regulado opera desde hace años.

El sistema incluye un seguro contra robo total, daños o cristalazos por hasta 5 mil pesos, beneficio que forma parte del pago del estacionamiento. Sin embargo, menos del 10 por ciento de los usuarios conoce la existencia de este seguro, de acuerdo con testimonios recabados, y los procedimientos para hacerlo válido suelen resultar poco accesibles.

Las concesiones opacas en el cobro del parquímetro y la permanencia de los apartalugares representan una privatización del espacio público. Son dos caras de la misma moneda y evidencian el fracaso del Estado como regulador. Cuando el cobro deja de ser una herramienta de gestión y se convierte en un negocio, se pierde su función socialRaúl Cruz, urbanista.

En este contexto, la expansión de los parquímetros virtuales en Guadalajara expone las limitaciones de una política pública que ha privilegiado el cobro sobre la gestión integral del espacio público. La falta de transparencia en el uso de los recursos, la débil aplicación del reglamento frente a prácticas ilegales y la ausencia de mejoras urbanas perceptibles en las zonas reguladas han consolidado una percepción ciudadana de desequilibrio entre lo que se paga y lo que se recibe. Mientras estas condiciones no se atiendan, el sistema continuará operando en un entorno de desconfianza social y cuestionamiento público.