Prevén amparos contra verificación

Según las proyecciones de las autoridades, al menos el 10% de las unidades no pasará esta prueba

15 TRAFICO — Oleada de amparos en marzo contra la verificación. Foto. Francisco Rodríguez / El Occidental

Víctor Ramírez / El Occidental

La verificación vehicular obligatoria de Jalisco pone en contraposición a dos derechos constitucionales ya que por un lado buscan cumplir con la ley de Equilibrio Ambiental y por la otra se atenta contra el patrimonio hasta familiar al ordenar el retiro obligatorio de toda unidad que no pase las pruebas, por lo que no se descarta que a partir de marzo próximo llegue una oleada de amparos en contra de esta medida que afectará el bolsillo de por lo menos los dueños de poco más de 400 mil automóviles.

Según las proyecciones de las autoridades al menos el 10% de las unidades no pasará esta prueba, según los datos de las casi 400 mil pruebas que se han realizado a lo largo de un año y cuatro meses. Rogelio Barba Álvarez, profesor investigador y Jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales de la Universidad de Guadalajara, mencionó que “es una afectación para los derechos fundamentales de las personas, la restricción de conducir y yo creo que ahí se puede resolver con amparos, porque es una restricción que va en contra de esos derechos a la movilidad”.

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El catedrático indicó que le parece una medida extrema de las autoridades de Jalisco el obligar a los dueños de todas las unidades que no pasen la verificación a deshacerse de ellos, ya que en muchos de los casos es hasta necesario para su actividad económica o para el trabajo.

Quizá “se justicia por el tema del medio ambiente, a final de cuentas la exposición de motivos (del reglamento) tiene que ver con el medio ambiente el cual es un bien jurídico difuso, es decir todos somos partícipes y todos nos beneficiamos del medio ambiente, entonces el gobierno se justifica que si uno no quiere o no pasa el vehículo te tienes que deshacer de él por un lado o lo tienes que afinar”.

Es decir son bienes jurídicos encontrados en los cuales la movilidad hasta cierto punto se ve restringida por una medida “ni comprendida por parte del gobierno” pero contempla un tema coercitivo y nada que ver con acciones como en el Continente europeo en donde las autoridades compran el auto a quienes se les afecta este tipo de medidas con el objetivo de modernizar el parque vehicular.

“Pero aquí no es igual, no pasó la verificación porque es del año 'no sé qué' y entonces tienes la obligación de deshacerte de él y es ahí es en donde precisamente el ejercicio jurídico es donde está para resolver este imperativo que el Gobierno intenta plantear”.

15 PROFESOR_PRENSA UDG — Rogelio Barba: "atentan contra los derechos". Foto. Cortesía Prensa UDG

Pero también se tiene el derecho a que el patrimonio es intocable y en esta ocasión no sólo se pretende tocar el patrimonio familiar, sino que se busca obligar a desecharlo y adquirir una deuda para comprar una actualizada. Barba Álvarez explica que es aquí en donde se “contraponen los bienes jurídicos” por una parte se habla del bien común que es el medio ambiente como justificación pero cuando se afecta de manera particular, precisamente “ese patrimonio que tiene una utilidad pues en donde se afecta por eso seguramente se va a amparar mucha gente y esa medida no va a ser la mejor para nadie”.

Y si se llega a un alto número de amparos el programa pudiera llegar a ser modificado y eliminarse esa parte coercitiva y “seguramente los tribunales van a darle la razón a estas personas, entonces hay que buscar otro tipo de medidas” que puedan ser amigables.

En este sentido indicó que una legislación estatal no puede estar por encima del mandato constitucional en donde se establecen los derechos y obligaciones, es decir tiene que ver con la jerarquía de las normas y hay que ver hasta dónde se afecta y por “ejemplo los tianguistas tienen vehículos muy viejitos y para poder reemplazarlo por uno que les dé esta funcionalidad, la verdad es que sí les va a costar un precio generoso”.

En cuanto al fondo verde que se dice ya se conformó, las reglas de operación aún son inciertas y no se sabe quiénes podrán acceder a los recursos ni cuánto se va a proporcionar, pero desde su punto de vista debería darse prioridad a quienes tienen vehículos que son de primera necesidad como los negocios, panaderías, comerciantes, tianguistas para que puedan recibir un apoyo más generoso que les permitirá tener la calidad de vida que tienen, “pero creo que eso no va a suceder porque el gobierno no es tan benevolente en ese tipo de medidas”.

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