Halconazo cumple 5 años sin justicia

Román Ortega

Las personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ahí les quitaron sus pertenencias, las torturaron y amenazaron con matarlas o entregarlas al crimen organizado.

En horas de la madrugada, los agentes de investigadores los llevaron a zonas periféricas de la ciudad y ahí los abandonaron. Horas después fueron localizadas.

El 6 de junio se detuvo de manera arbitraria a seis personas, las cuales también fueron detenidas de manera arbitraria e incomunicadas; algunas fueron víctimas de tortura.

En su momento, el entonces Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reconoció públicamente la infiltración de la Fiscalía por parte del crimen organizado y que los agentes involucrados no acataron órdenes.

“Un grupo de personas desacató sus instrucciones y actuó de manera irresponsable y brutal que no va a ser perdonada”.

Derivado de lo anterior, la Fiscalía Anticorrupción imputó a once agentes por el delito de abuso de autoridad y cuatro de ellos fueron vinculados a proceso a cuatro de ellos, pero sólo una persona recibió una sentencia de 3 meses.

Estos actos llevaron al Gobierno de Jalisco a crear protocolos de actuación de las policías en contextos de manifestaciones y sobre uso de la fuerza.

“No obstante, dichos compromisos se tradujeron en ejercicios simulados de diálogo, la utilización instrumental de las víctimas y medidas superficiales que eludieron transformaciones de fondo”, recalcó CEPAD.

Durante estos cinco años, las víctimas no han cesado en su lucha. Han sostenido una exigencia firme para que los hechos no sean olvidados ni silenciados.