Por: Cristina Abril Moreno Hernández
Eje I. Libertades políticas; regulación de la competencia, libertades de difusión de ideas.
¡Esta historia continuará…!
Profesora-Investigadora del IIEPA-IMA-UAGro.
Desde hace meses, la propuesta de reforma electoral del gobierno mexicano ha generado una intensa polémica. Ante este escenario, el organismo electoral administrativo, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un análisis técnico estructurado en diez ejes temáticos. En este espacio desarrollaremos dichos puntos, que estaremos desarrollando las próximas semanas para ofrecer un panorama integral -técnico, jurídico y operativo- que permitirá valorar el impacto de la iniciativa del Ejecutivo en el sistema electoral.
Este punto propone revisar la figura de las Agrupaciones Políticas Nacionales (APN). Actualmente existen 65 de estas asociaciones; sin embargo, tras la eliminación de su financiamiento en 2008, muchas han dejado de cumplir su objetivo de fortalecer la cultura política. La propuesta técnica sugiere valorar la figura para desahogar la carga de trabajo de la unidad de fiscalización. De este modo, el INE podrá reorientar sus esfuerzos y recursos hacia tareas de mayor impacto y transparencia en el sistema electoral.
La regulación de debates y entrevistas para cargos judiciales es fundamental para asegurar la equidad. Por lo que resulta necesario definir criterios operativos claros (sedes, formatos y aforos por candidatos) que hoy son inexistentes. Sin un marco reglamentario sólido, por lo que se corre el riesgo de perder espacios de difusión por deficiencias organizativas. Porque el objetivo es garantizar que la ciudadanía cuente con herramientas de conocimiento, informativas y necesarias para evaluar los perfiles en disputa.
Se hace un llamado a sancionar con rigor a los funcionarios públicos que vulneran la equidad en la contienda. Existe una omisión crítica en la aplicación de consecuencias para quienes incumplen el artículo 134 constitucional, el cual prohíbe la promoción personalizada en la propaganda gubernamental y manda el uso imparcial de los recursos públicos. Garantizar la neutralidad del estado es fundamental para preservar la integridad del proceso electoral.
La propuesta busca otorgar rango constitucional a la violencia política contra las mujeres por razón de género, equiparándola a una sentencia penal para impedir que agresores accedan al poder. Bajo esta premisa, cualquier persona inscrita en el registro de personas sancionadas quedaría inhabilitada para candidaturas con restricciones de tres a seis años según la gravedad del daño. El INE en (2026) reporta que la violencia es ejercida por servidores públicos, aspirante a candidaturas, independientes, profesionales de medios de comunicación, acentuado a mujeres indígenas, afromexicana o de la diversidad sexual. Las entidades con mayor incidencia son Oaxaca (147), Veracruz (59), Chiapas (38) y Tabasco con (31). No obstante, estas cifras no reflejan el grado de violencia vigente; persiste una “cifra negra” debido a la falta de campañas de concientización y al desconocimiento de los mecanismos de denuncia. Destacando que la mayoría de las sanciones son de ciudadanos particulares y que la violencia predomina en el ámbito local (presidencias municipales y regidurías).
Se propone establecer la obligatoriedad para que todas las candidaturas publiquen su semblanza curricular en las plataformas oficiales durante todo el ciclo electoral. El objetivo es garantizar el derecho a la información de la ciudadanía y fomentar un voto razonado mediante el conocimiento de los perfiles en la contienda.
Se plantea que el derecho a la identidad de las y los mexicanos residentes en el exterior sea permanente y universal, trascendiendo las etapas electorales. De modo, la gestión de la identidad y la documentación oficial no dependerá de los calendarios electorales, para garantizar los derechos fundamentales de manera continua.
Como se puede observar, existen una oportunidad invaluable para incidir en la mejora de nuestro modelo democrático. Las soluciones identificadas por parte del INE -Instituto Electoral Nacional- constituyen una aportación técnica, responsable y fundamentada. Estás propuestas validan el camino hacia una reforma que, lejos de debilitar a las instituciones, contribuya verdaderamente al fortalecimiento de la democracia en México.
