La presidenta Claudia Sheinbaum juega al gato y al ratón, y lleva semanas demostrándolo con una cadencia que mezcla aparente generosidad institucional con trampas políticas de manual.
La presidenta, mientras tanto, no aparecerá en la boleta de 2027. Pero no necesita aparecer. Ya está en todas partes.
La Reforma Electoral que el Congreso le rechazó contenía un elemento aparentemente menor: la revocación de mandato presidencial, que la habría colocado en la boleta de 2027 junto a los 17 candidatos a gobernador que Morena buscará retener o conquistar. La oposición celebró el rechazo como una victoria. Era un caramelo. Al rechazarla, los partidos adversarios quedaron retratados como la fuerza que le niega a los ciudadanos el derecho a opinar sobre si su presidenta debe continuar o no. Sheinbaum no necesitaba que pasara: necesitaba que la rechazaran.
El Plan B, aprobado sin mayor drama, opera con la misma lógica pero en sentido inverso. Aquí sí ganó, y la geometría del debate fue diseñada para que cualquier oposición sonara obscena. Reducir regidores, adelgazar congresos locales, limitar privilegios: ¿quién puede oponerse a eso sin quedar como defensor de la casta política? Nadie. Y ése es el punto.
Pero los números no acompañan el relato. En Acapulco, eliminar cinco regidores —con todo y sus costosas gestorías— generaría un ahorro de unos 13 millones de pesos anuales. Para un municipio con presupuesto de 4 mil 751 millones, eso es el 0.27 por ciento. Con ese dinero alcanza para pavimentar tres o cuatro calles en colonias con rezago histórico, apenas una fracción de lo que se necesita en una ciudad que aún lambe sus heridas post-Otis. No es una reforma fiscal: es un recorte simbólico vestido de revolución.
En Guerrero el escenario se reproduce en escala. El diputado Pablo Amílcar Sandoval se colgó del Plan B para proponer reducir el Congreso local de 46 a 32 integrantes. El ahorro, en el mejor de los casos, rondaría el 6 por ciento del presupuesto del Poder Legislativo, y representaría apenas el 0.07 por ciento del gasto total del estado. Una cifra que, en términos de política pública real, no mueve ninguna aguja. Lo que sí llama la atención es lo que Amílcar omite cuidadosamente en su propuesta: sus propias percepciones. Un diputado local guerrerense puede recibir hasta 369 mil pesos mensuales sumando salario, gestoría social y compensación por fracción —casi cinco veces lo que gana un diputado federal—. De eso, ni una palabra en la iniciativa. El diputado propone recortar sillas ajenas mientras cuida con esmero la propia.
La oposición, por su parte, tiene razón en lo esencial: el gobierno presenta como una gran cruzada contra los privilegios lo que en términos presupuestales son, literalmente, pesos y centavos. Es su papel señalarlo, y no está equivocada en el diagnóstico. El problema es que la narrativa oficial le ganó el encuadre antes de que el debate comenzara. Quien vote en contra de reducir regidores estará votando, en la percepción pública, a favor de mantener una clase política que se autoreproduce. Esa es la trampa: que el adversario tenga razón en los números y pierda igual en el relato.
Este es el mecanismo central de la estrategia: envenenar el pozo antes de que alguien se acerque a beber. Si te opones, eres parte del problema. Si apoyas, eres el instrumento. Si eres aliado y titubeaste, ya quedaste marcado. La oposición formal —PAN, PRI, MC— se encamina a 2027 con el estigma de haber defendido, en la percepción pública, los privilegios de regidores y diputados que la propia ciudadanía desconoce y desprecia. Las encuestas del INEGI son brutales: el 82 por ciento de los guerrerenses desconfía de sus diputados locales; tres de cada cuatro mexicanos no se sienten representados por sus legisladores. Que la oposición tenga argumentos sólidos no le sirve de mucho cuando el terreno del debate ya fue sembrado en su contra.
Las medidas de austeridad que componen el Plan B son, en rigor, una abundante fuente de alimento para la narrativa oficial. No se trata de reforzar las finanzas públicas —los montos son marginales para eso— sino de construir el vocabulario político de cara al ciclo electoral. Cada voto en contra es un regalito empaquetado. Cada celebración opositora por un rechazo, una trampa que ya se cerró.
