Más de 70 mil restos sin nombre esperan una respuesta. Las familias que los buscan llevan años esperándola. La ONU acaba de decirle al mundo que México todavía no la tiene. Eso no se administra con simples declaraciones en conferencias de prensa, se enfrenta con voluntad política real, o no se enfrenta.
El pasado 2 de abril de 2026, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada tomó una decisión que no tiene precedente en la historia reciente de México, al solicitar al Secretario General de la ONU que remita la situación de las desapariciones forzadas en el país directamente a la Asamblea General. Lo anterior, se trata de la señal más grave que un organismo internacional puede emitir sobre un Estado que firmó la Convención para proteger a su población y que lleva años sin cumplirla.
Los números que sostienen esa decisión no admiten eufemismos. El Comité documentó más de 4,500 fosas clandestinas en el territorio nacional, con más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos recuperados; además de aproximadamente 72,000 restos humanos sin identificar. Son cifras que colocan a México en el terreno de la tragedia humanitaria de escala mayor. Y lo más grave no es lo que esos números revelan sobre el crimen organizado, pues también se manifiesta que, en varios de los casos documentados, existe información fundamentada que apunta a la participación directa de servidores públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
El gobierno de Morena ha sostenido sistemáticamente que la mayoría de las desapariciones son obra de grupos delictivos y que, por tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas. Sin embargo, el Comité ya respondió a ese argumento con precisión jurídica: la Convención y el Estatuto de Roma establecen que las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por organizaciones no estatales cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
La autollamada Cuarta Transformación llegó al poder con la promesa de romper con la impunidad, de construir un Estado que se pusiera del lado de las víctimas y de erradicar los vínculos entre el poder político y el crimen organizado. Ocho años después, el Comité de la ONU concluye que la situación no ha mostrado una mejora sustancial desde su visita al país en 2021, que las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis y que son urgentemente necesarias reformas estructurales.
La pregunta que este escenario obliga a hacer no es si el gobierno falló, sino por qué falló de esta manera tan extrema. Desmantelar los organismos autónomos de derechos humanos, la política de “abrazos no balazos”, reducir el presupuesto de las instituciones forenses, subordinar la política de seguridad sin los contrapesos necesarios y responder a las familias de desaparecidos con promesas institucionales que no se traducen en búsquedas reales.
El procedimiento del que se busca implementar a México desde la ONU, busca movilizar atención y apoyo internacionales para que el país pueda reforzar su respuesta. Es, en ese sentido, una oportunidad tanto como una advertencia. Pero aprovecharla requiere algo que este gobierno ha demostrado escasa disposición a ejercer; es decir, reconocer la magnitud real del problema sin filtrarla por el tamiz de la propaganda.
