El lustro de insuficiencias en necesidades básicas
La desatención gubernamental en el presupuesto hace sufrir a organismos autónomos, universidad y maestros
Susana Paredes / El Sol de Cuernavaca
A la necesidad de apoyos económicos se unen los municipios de Morelos y la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los cuales han padecido como ya de costumbre escases de recursos y hasta negativas en materia de rescate económico.
Vera Jiménez también heredó un adeudo en las cuotas del IMSS en 2017 que sumadas a las que se dejaron de pagar en 2019 alcanzó los 500 millones de pesos.
A principios de diciembre el ayuntamiento de Puente de Ixtla se declaró en quiebra por deudas impagables y un déficit de 11 millones de pesos.
¿Quiénes se han encargado de las finanzas en el estado?
Tras la renuncia el pasado mes de julio de Villarreal Gasca, la Secretaría de Hacienda ha quedado al frente de la subsecretaria de Ingresos, Mónica Boggio Tomasaz Merino.
¿Pero por qué no alcanza el dinero?
“Desde el año 2013 en Morelos se ha calculado menos recursos tanto para los ingresos como el gasto, lo que puede ocasionar su uso discrecional”, aseguró Roberto Salinas Ramírez, codirector del Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas”.
A pregunta expresa aseveró que todos los gobierno dirán que el dinero no alcanza cuando la realidad es que el presupuesto, el recurso no se esta aplicando correctamente, no hay una buena programación ni calendarización de los recursos.
“No sabemos realmente si se están programando recursos en base al resultado de los proyectos, hay muchas cosas que quedan en el aire porque no hay una buena programación ni planeación del presupuesto”.
El presupuesto, aclaró, no se usa de forma eficiente, el problema es cómo se está ejerciendo el presupuesto, cómo se aplica e incluso en el rubro de adquisiciones han observado muchas deficiencias, lo que podría afectar las compras, montos y resultados que se tenga.
“Se tendría que mejorar y transparentar la aplicación del presupuesto, podría dar mejores resultados para que el recurso alcance”, concluyó.
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En los últimos cinco años el presupuesto de Morelos ha sido considerado deficiente para sacar adelante y cumplir con las necesidades más básicas de organismos autónomos y hasta los demás poderes, como el Poder Judicial; un claro ejemplo de ello quedó registrado el pasado mes de noviembre cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado para el 2020. Esto fue derivado de la acción de inconstitucionalidad 116/2020 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) al demandar mayores recursos financieros, toda vez que para este año la actual Legislatura le otorgó la misma cantidad que en los últimos años, 15 millones de pesos, cuando, de acuerdo al Ombudsperson, Raúl Israel Hernández Cruz, requieren un presupuesto de al menos 41 millones de pesos.
De forma individual, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) interpuso también una controversia constitucional contra el paquete económico 2020, al acusar que el Legislativo no respetó la asignación acordada del presupuesto de egresos anual para el Poder Judicial; de 800 millones de pesos, que estaban establecidos en el anteproyecto, sólo aprobaron 549 millones, de los cuales 25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 70 millones para el pago de pensiones y 454 millones para el TSJ.
Pese a esta situación, diputados locales autorizaron en el paquete económico 2021 las mismas cantidades al Poder Judicial y a la CDHM, 549 millones 34 mil pesos y 15 millones 803 mil pesos, respectivamente, lo que a decir de sus titulares, pone en riesgo su operatividad; para el TSJ, en especial, al requerir cumplir con la implementación de la reforma laboral y resolver diversos problemas financieros como el pago de nómina en el que se utiliza el 95 por ciento del presupuesto anual.
Dentro del presupuesto del estado la falta de etiquetado a recursos para salarios y prestaciones de gremios enteros, como el magisterio, se ha hecho presente de manera reiterada, un claro ejemplo es que año con año docentes cierran calles en la capital del estado como un método de presión para que las autoridades en turno cumplan con pagos pendientes que en el paquete presupuestal no están plasmados.
El 14 de diciembre maestros jubilados y pensionados de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantuvieron una manifestación desde tres puntos de la ciudad de Cuernavaca en demanda del pago del aguinaldo para más de 13 mil retirados, además del pago de la prima de antigüedad, mismo que de manera histórica no ha sido etiquetado.
Fueron alrededor de 196 millones de pesos los que el gobierno estatal distribuyó para el pago de aguinaldo 2020; previo a esta protesta los docentes jubilados y pensionados se manifestaron en el recinto legislativo en exigencia de que dentro del paquete económico 2021 ya este etiquetado el rubro de “diferencias del pago de primera de antigüedad”, lo cual garantizará su pago en tiempo y forma.
Aunado a esta protesta, maestros homologados encabezados por la sección 19 del SNTE pidieran la intervención de los legisladores para que el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) pagara en tiempo el aguinaldo; además de solicitarles incluyeran un presupuesto específico para ellos.
En el año 2013, la UAEM obtuvo su tan esperada autonomía financiera, logrando que cada año el Congreso de Morelos le otorgue el 2.5 por ciento del presupuesto estatal aunque ha sido, de igual forma, insuficiente; para el 2014 se aprobó un presupuesto de 480 millones de pesos, seis años después alcanzó un poco más de 700 millones de pesos, en 2021 recibirá 685 millones 619 mil 799 pesos, incluyendo una asignación adicional por 7 millones de pesos.
En 2018 Gustavo Urquiza Beltrán fue nombrado rector de la máxima casa de estudios en el estado del 2018 al 2024, recibiendo en este tan importante cargo por más de mil 600 millones de pesos, tras la salida de Alejandro Vera Jiménez en 2017, quien hoy esta siendo investigado por el presunto desvío de millones de pesos a través del programa federal “Cruzada Nacional Contra el Hambre”.
Como un mecanismo para apoyar económicamente a la UAEM y que pueda salir adelante del rezago financiero que padece, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) presentó en noviembre de 2018 una iniciativa de reforma para que el porcentaje estatal que recibe pase de 2.5 a 3.0 por ciento, es decir, que la universidad registre un incremento presupuestal de 0.5 al originalmente establecido.
Sin embargo, a dos años de presentarse sigue en la congeladora legislativa; el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, confirmó el pasado 15 de diciembre que la única manera de acabar con el problema financiero es que para 2021 se homologué el costo por estudiante. El costo por estudiante al que se aspira es de 70 mil pesos, cuando actualmente no llegan ni a los 60 mil.
Otro rubro importante y que ha sido olvidado en el tema presupuestal son los municipios, los cuales están a punto de la quiebra derivado de pasivos históricos heredados y recorte de participaciones por parte del gobierno federal, esto trae como consecuencia la insolvencia para cumplir con sus obligaciones de la gran mayoría de los ayuntamientos en Morelos.
Este 2020 las comunas a nivel nacional han tenido que enfrentar un recorte presupuestal del 12 por ciento en las participaciones federales, lo que se suma a la baja recaudación que registraron por la pandemia de Covid-19; añadiendo la desaparición del Ramo 23 también conocido como Provisiones Salariales y Económicas.
Para el 2021 el estado de Morelos recibirá casi mil 400 millones de pesos menos respecto a los rubros de participaciones y subsidios a nivel estatal y municipal, los ayuntamientos padecerán un recorte de aproximadamente el 18 por ciento, incluso habrá un decremento en fondos fijos como el fondo 3, 4 y el mismo Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE).
Ante ello, ediles se han unido desde el 2019 para solicitar al Poder Legislativo la aprobación de la iniciativa que pretende reformar el artículo 6 de la Ley General de Coordinación Fiscal, relacionado con el regreso del cinco por ciento del Fondo General de Aportaciones a las arcas municipales.
Los municipios obtendrían el 25 por ciento de sus participaciones federales, en lugar del 20 por ciento que hoy reciben y que les ha sido retenido desde el sexenio pasado, primero ante la adhesión al Mando Único y después con la promesa de crear un Fondo de Apoyo para Laudos.
Al día de hoy la propuesta no ha sido autorizada por los parlamentarios aunque sí han manifestado su intención por apoyarlos económicamente a través de la aprobación de sus leyes de ingresos 2021 tal y como las enviaron al Congreso local el pasado 1 de octubre, sin descartar podrían autorizar incremento en algunos impuestos y derechos municipales.
De igual forma, el 27 de enero de 2020 la actual Legislatura determinó incluir en el paquete económico recursos del orden de los 50 millones de pesos para el pago de laudos y sentencias ejecutorias dirigido a los alcaldes que corrieran el riesgo de ser destituidos, ello como parte del Fondo de Aportaciones Estatales Concursables para el Pago de Laudos y Sentencias Ejecutorias, “a fin de evitar se ponga en peligro la gobernabilidad municipal”.
Ésta cantidad disminuyó en el paquete económico 2021 quedando solo en 20 millones de pesos, pese a que el número de Cabildos en riesgo de ser destituidos sigue incrementando, en la lista, según datos de las autoridades estatales, se ubican Atlatlahucan, Cuernavaca, Cuautla, y Puente de Ixtla, entre otros.
Si bien para el próximo año el presupuesto se redujo considerablemente, en 2020 los municipios han tenido que enfrentar un grave problema, no han podido acceder al recurso otorgado por la actual legislatura, toda vez que hasta noviembre fueron publicadas las reglas de operación del fondo para el pago de laudos y sentencias ejecutoriadas en contra de alcaldes que estén en riesgo de destitución, con una bolsa de 10 de los 50 millones de pesos etiquetados originalmente.
Durante los últimos dos sexenios los titulares de la Secretaría de Hacienda han sido variados y hasta se han modificado en un mismo periodo. En el periodo de gestión del exgobernador perredista, Graco Ramírez estuvieron las finanzas en manos de Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna.
Adriana Flores Garza: Laboró por seis años como administradora local del servicio al contribuyente (SAT), fue directora de finanzas y administración en el Centro de Mujeres A.C., así como se desempeñó en el sector privado, particularmente en consultoría de empresas y en experiencia docente.
Jorge Michel Luna: Fue director general y fundador del Instituto de Finanzas Públicas del Estado, en el Congreso local se desempeñó como asesor de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, mientras que el Poder Ejecutivo fungió como director de Vigilancia de Fondos y Valores, director general de Egresos, subsecretario de Programación y Presupuesto y subsecretario de Presupuesto.
Hoy los exfuncionarios, junto con el mandatario estatal perredista, están en proceso de juicio político en el Congreso local ante la omisión de ministrar los recursos etiquetados en el presupuesto de egresos 2018 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), 2 millones 566 mil 670 pesos y más de 120 millones 826 mil 132 pesos, respectivamente
Al inicio del actual sexenio encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, la Secretaría de Hacienda quedo bajo el liderazgo de Alejandro Villarreal Gasca, quien fue tesorero durante su administración como alcalde de Cuernavaca; así mismo, ocupó diversos cargos en la administración pública como secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos; y secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos en dos distintas administraciones.
Señaló que este hecho fue evidenciado también por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), desde hace cuatro años el Ejecutivo como el Legislativo no están poniendo atención en el presupuesto, plasmando realmente los recursos necesarios para la operatividad de los organismos y Poderes, programando muy por debajo lo que implica darle menos recursos y un presupuesto tan bajo, por ejemplo, a la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
