La polémica lo envuelve: El gobernador de Morelos ha coleccionado querellas en su contra
Minerva Delgado / El Sol de Cuernavaca
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Cuauhtémoc Blanco vino a Morelos en 2015 para hacer política de la mano de los polémicos hermanos Julio César y Roberto Carlos Yáñez Moreno, entonces del Partido Social Demócrata, una organización con registro local que en la búsqueda de salvar su registro llegó a un acuerdo con el aún futbolista profesional (entonces alineaba en el Club Puebla de la liga mexicana), para postularlo a la alcaldía de Cuernavaca.
El acuerdo, según se acusaría después, ante órganos electorales y fiscalías, estaría asentado en un contrato de prestación de servicios que suponía el pago a Blanco Bravo de siete millones de pesos por fungir como candidato, según reconocería el propio Julio Yáñez públicamente en 2016 y a pesar de la reiterada negativa al respecto de quien resultaría ganador de la alcaldía de la capital de Morelos con 39 mil 535 votos a favor, más de ocho mil por arriba de su principal contendiente.
En la resolución del Consejo General del INE INE/CG466/2018, sobre el procedimiento administrativo sancionador oficioso en contra del PSD y Cuauhtémoc Blanco Bravo marcado como INE/P-COF-UTF/112/2016/MOR, se establece que tanto la dirigencia del PSD, como Cuauhtémoc Blanco y su entonces colaborador más cercano, José Manuel Sanz Rivera, negaron ante la autoridad electoral la existencia de dicho contrato de prestación de servicios. No obstante, expone el mismo texto: “del análisis a las copias cotejadas de la carpeta SC01/7335/2016 se aprecia que el 29 de septiembre de 2016, en la declaración rendida por el C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, la Fiscalía General del Estado de Morelos, realizó el aseguramiento del contrato de fecha 17 de enero de 2015, en el que se relacionan a los CC. Cuauhtémoc Blanco Bravo, José Manuel Sanz Rivera, en su carácter de representante y el C. Roberto Carlos Yáñez Moreno en su carácter de promotor; y derivado de ello, el C. Roberto Carlos Yáñez Moreno, solicitó a esta autoridad la devolución del contrato una vez realizadas las pruebas periciales correspondientes y la confidencialidad de los nombres que aparecen en el contrato que se menciona”. Incluso el INE incluyó en el documento una copia del contrato de marras, que fue sometido a pruebas periciales por la Fiscalía y después, “extraviado” por Roberto Yáñez, según lo declaró a la autoridad electoral.
El contrato que obra en los expedientes contiene no sólo la cantidad señalada, sino los plazos en que se debía cubrir y los responsables de cubrir cada una de las parcialidades, identificados sólo por sus nombres de pila, Benjamín, Joel, Rodrigo, Roberto y Carlos. Roberto Yáñez declaró al INE que el dinero entregado a Blanco Bravo y Sanz Rivera no tenía procedencia ilícita ya que había salido de las cuentas bancarias particulares de él y su familia. Incluso establece la dirección donde se hicieron los pagos y que sólo él mismo y su hermano Julio César, entregaban montos de 100 mil o 200 mil pesos por parcialidad directamente a Blanco Bravo y José Manuel Sánz, que eran los únicos presentes en las operaciones.
En su narrativa de hechos ante el INE, Roberto Carlos narra los antecedentes: “Conocí a Cuauhtémoc Blanco en noviembre del 2014, cuando nos reunimos mi hermano, Julio Yáñez, José Manuel Sanz Rivera, Cuauhtémoc Blanco y un servidor en un restaurant “La Aceituna”, sobre la calle de Aristóteles en Polanco, ahí José Manuel Sanz le informó a Cuauhtémoc que ahora participaría como candidato a presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc mencionó que no le gustaba la idea, pero que haría lo que él le dijera como siempre había hecho”. También refiere que fueron los Yáñez quienes le rentaron los departamentos en que el futbolista y Sanz vivirían y donde “principalmente iban a cobrar los siete millones de pesos que se había ganado”.
Pese al contenido aparentemente incriminatorio, el INE determinó que el procedimiento sancionador contra el PES y Cuauhtémoc Blanco resultaba infundado, en respeto a la presunción de inocencia y debido a lo difícil que resulta para las autoridades electorales seguir el rastro de dinero en efectivo. No obstante, en la investigación de la unidad de fiscalización del INE, se encontraron “posibles violaciones a disposiciones legales no relacionadas con la materia electoral” por lo que dio vista del expediente al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de la Contraloría de Morelos.
En su momento el órgano comicial local, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, haría su propia investigación resolviendo un procedimiento ordinario sancionador en contra de Cuauhtémoc Blanco y el Partido Encuentro Social. El 8 de marzo de 2018, el Consejo Estatal Electoral del Impepac aprobó un acuerdo para iniciar de oficio un procedimiento ordinario sancionador en contra de Cuauhtémoc Blanco, pese a la negativa expresa de la entonces presidenta del órgano, Ana Isabel León Trueba, dada esa omisión, y la dilación de quince meses en la investigación sobre el presunto contrato y pagos a Cuauhtémoc Blanco, el INE determinaría la destitución de la consejera. Pero ni el Impepac, ni el INE podrían volver a proceder contra Blanco Bravo y el PES por las conductas evidenciadas en la campaña para la alcaldía.
Cuando Cuauhtémoc Blanco asumió la alcaldía de Cuernavaca, el 1 de enero de 2016, la personalidad proclive al escándalo del ya para entonces futbolista retirado se impuso. La buena relación que llevó las primeras semanas de su encargo con el entonces gobernador, Graco Ramírez, se iría enfriando antes de convertirse en frecuentes intercambios de acusaciones, otro distanciamiento fue con sus entonces aliados, Julio y Roberto Yáñez, a quienes echó del Ayuntamiento, junto a otros funcionarios del PSD antes de que concluyera su primer año. La ruptura no fue fácil, vinieron los intercambios de acusaciones y denuncias hasta por peculado en contra del ya alcalde de Cuernavaca, ninguna prosperó.
En cambio, el presunto uso de una constancia de residencia falsa para cumplir con el requisito de ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca, entró rápidamente al Congreso en la forma de una solicitud de juicio político interpuesta por un grupo de abogados encabezado por el catedrático emérito de la UNAM, Raúl Carrancá y Rivas. El denunciante lo acusó el 9 de diciembre de 2016 de incumplir con la residencia mínima de cinco años en el estado necesaria para ser candidato, ausentarse de sus obligaciones y sesiones de cabildo, y aceptar donaciones de obras de asfalto fuera de la norma jurídica.
El Congreso, entonces integrado por 30 diputados, revocó el mandato de Blanco (sanción que enfrentó con un amparo) sazonado con una huelga de hambre de 36 horas en el atrio de la Catedral de Cuernavaca. Un par de días más tarde, una mayoría calificada de 27 diputados determinó el inicio del juicio político que fue turnado al Tribunal Superior de Justicia, que tardaría dos años (hasta diciembre de 2018) en resolver el desistimiento y sólo a solicitud del Congreso del Estado, entonces ya de mayoría de aliados al ya para entonces gobernador.
Como alcalde, Cuauhtémoc Blanco enfrentó además señalamientos de presunta corrupción en el Sistema de Agua que movió recursos por alrededor de 13 millones de pesos a través de empresas fantasma, según documentó Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. En la investigación se cita el pago de 204 facturas a nombre de una empresa creada a partir de una identidad robada.
Fue en la alcaldía cuando inició el enfrentamiento entre Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco. Para el ex futbolista, el entonces gobernador era responsable del bloqueo de obras para la capital del estado, del aumento en los índices delictivos. Entonces hizo famosa la frase “no me dejan trabajar”.
La orfandad política de Cuauhtémoc Blanco, abandonado por el PSD desde el primer año, sería resuelta cerca del 2017, cuando ya se acercaba el proceso electoral para relevar al gobernador. Hubo algún acercamiento del Revolucionario Institucional, pero con quien hubo mayor compromiso fue con el partido de Hugo Eric Flores Cervantes, que apenas había obtenido el registro en el 2014; Encuentro Social. El PES cobijó a Cuauhtémoc Blanco en una suerte de relación simbiótica, permitió que personal del Ayuntamiento manejara las oficinas locales del partido y hasta postuló a Cuauhtémoc como candidato a gobernador, con lo que tuvo capital suficiente para volverse interesante en una alianza con Morena y el Partido del Trabajo que, por instrucción de Andrés Manuel López Obrador, harían a un lado a sus aspirantes a la gubernatura para apoyar a Blanco Bravo.
La campaña de Cuauhtémoc Blanco por la gubernatura fue simple, las acusaciones de corrupción contra Graco Ramírez, cuyo respaldo popular había descendido de forma impresionante, la debilidad de sus adversarios, y la popularidad del futbolista cruzada con la de Andrés Manuel López Obrador en Morelos, lo llevaron a un triunfo indudable. Casi el 50 por ciento de los que salieron a votar aquel domingo de 2018 cruzaron la papeleta por la alianza Morena-PES-PT. Un triunfo indudable aunque los expedientes de su constancia de residencia, y las acusaciones de corrupción en su contra seguían siendo pendientes para el equipo del gobernador electo.
Uno de los primeros nombramientos que hizo Blanco Bravo fue el de su equipo de transición, que encabezaría Pablo Ojeda Cárdenas, candidato a diputado plurinominal por el PES que no alcanzó ubicación en el Congreso de la Unión. Ojeda estaba relacionado ya para entonces en carpetas de investigación contra el ex gobernador de Veracruz por la transferencia de recursos a empresas con prestanombres, una de ellas, de un socio de Ojeda.
Luego vendría el distanciamiento con los diputados, las fracciones de Morena y el PT de la anterior Legislatura se alejarían del mandatario bastante pronto y hasta llevarían a la entonces dirigente de Morena a acusar a Cuauhtémoc Blanco y José Manuel Sanz de pretender “comprar diputados como se compran futbolistas”. El apoyo al gobernador dividiría a la LIV Legislatura en dos bloques que prácticamente mantuvieron detenido el trabajo legislativo.
En el 2019, expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera salían a la luz pública. La investigación sobre los desvíos de Javier Duarte involucraban a una red 400 empresas de amigos y familiares del ex gobernador de Veracruz, en varias de las empresas ubicadas el secretario de Gobierno de Morelos era parte de sus consejos de administración.
Unos meses después, en marzo del 2020, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, expondría en su informe de actividades en la conferencia de prensa del presidente, López Obrador, un complejo esquema financiero en que el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz (según diría después el propio Nieto Castillo), mandaba dinero a Suiza por hasta 741 millones de pesos. Pese a las acusaciones, el presidente exoneraría después a Cuauhtémoc Blanco y sus funcionarios al asegurar que no se había encontrado delito alguno. Aún con ello, las denuncias contra el equipo y hasta familiares de Cuauhtémoc Blanco continuarían.
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió en septiembre de 2021 una denuncia contra el propio gobernador, Cuauhtémoc Blanco, su hermano Ulises Bravo, Edgar Riou, quien fuera su secretario particular, y Javier Tamayo, por presuntamente participar en operaciones de lavado de dinero a través de la triangulación de cuentas bancarias. Un mes después, el asesor anticorrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien había ayudado a integrar investigaciones contra ex colaboradores de Graco Ramírez, decidió renunciar al gobierno estatal “por congruencia” y muy pronto empezaría a denunciar actos de corrupción en el gobierno estatal.
En enero del 2022, la publicación en El Sol de México de una fotografía de Cuauhtémoc Blanco con presuntos jefes delincuenciales en Morelos, llevaría a una nueva carpeta de investigación, en la Fiscalía General del Estado, en la que no se vincula a Blanco Bravo como acusado aún, pero que sigue el curso de la investigación, según ha adelantado el fiscal Uriel Carmona. La imagen también llevó a los once diputados de oposición de la LV Legislatura a solicitar a autoridades estatales y federales investigar los posibles nexos del gobernador con grupos delictivos.
Hasta el lunes 18 de abril, sólo en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos había ocho carpetas de investigación contra Cuauhtémoc Blanco, una por la fotografía; otra por la presunta operación de lavado de dinero, una más por la falsificación de documentos al presentar una solicitud de permiso apócrifa para viajar al extranjero, otra por presentar constancia de residencia falsa por ser candidato y por enriquecimiento ilícito.
El martes siguiente, la Anticorrupción ratificaría ante el Congreso la solicitud de formación de causa contra el gobernador por tres carpetas de investigación iniciadas a partir de denuncias de Enrique Paredes y Gerardo Becerra, por cinco delitos: ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; fraude procesal y falsificación; enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante autoridad. Y aunque la determinación de la formación de causa se tomará en el Congreso que requerirá pasar aduanas de mayoría calificada, las denuncias permanecerían vivas aún si el Legislativo no logra acordar la formación de causa para el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.
