Prevalece en Morelos fabricación de delitos

Desde 2018, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha emitido 80 recomendaciones a la Fiscalía, algunas por actos recientes, otras por hechos del pasado; por lo menos tres de ellas evidencian la fabricación de delitos en contra de personas inocentes que, años después de acusados han logrado salir en libertad.

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El 19 de agosto de 2017 agentes de la entonces Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía detuvieron a tres integrantes de una familia: Viridiana, quien se desempeñaba como auxiliar de Ministerio Público, su hermano José Luis, y el padre de ambos, Israel Peñaloza, en cumplimiento de una supuesta orden de aprehensión. Se les acusó de ser los responsables del asesinato de la trabajadora de un bar ubicado en la colonia Otilio Montaño, en Jiutepec, ocurrido en mayo de 2017.

“En las oficinas de la Fiscalía por más de seis horas fuimos torturados mi padre, mi hermano y yo para autoincriminarnos y aceptar algún crimen que nosotros no hicimos”, fueron palabras que externó Viridiana recientemente, al exigir que el órgano ofrezca una disculpa pública al quedar demostrado que ellos no fueron los responsables.

Luego de obtener su libertad, los señalados interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) y posteriormente se emitió la recomendación CDHM/SE/V3/061/195/2017, en la cual ordenó a la Fiscalía comenzar con el procedimiento administrativo en contra de los policías ministeriales que les detuvieron, asimismo, como parte del plan individual de reparación integral, se solicitó al fiscal de de Morelos ofrecer una disculpa pública, la cual, al cierre de esta edición, no ocurrió.

“Cuando recién salimos recibíamos amenazas, nos marcaban por teléfono, nos mandaban mensajes. Pero nosotros por temor, por todo lo que habíamos pasado, pues ya no queríamos acercarnos a la autoridad, porque sabíamos que la autoridad o, una, nos apoyaba o nos volvía a fabricar otros delitos”.

A mediados de febrero de 2018 arribó el relevo en la que aún era dependencia estatal; a propuesta del exgobernador Graco Ramírez, la 53 Legislatura del Congreso del Estado designó a Uriel Carmona Gándara, abogado, exagente del Ministerio Público, exjefe de Departamento del Control de Procesos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y titular con licencia de la Notaria número seis del estado de Morelos.

“Me dijeron háganse a un lado. Llegaron como cuatro camionetas de ministeriales, dijeron que era de recuperación de robo de vehículo. Les dije: ‘sí, pues chécalo, no tiene ningún problema; en ese momento escucho que uno de ellos les dice que efectivamente no tiene reporte de robo, pero un comandante hizo una llamada y me dijo: ‘Ya valiste madres’”.

Ella junto con su acompañante fueron detenidos en la Avenida 10 de Abril, a la altura de Sumiya, en Cuernavaca, en marzo de 2022 por al menos ocho agentes de investigación criminal de la corporación, acusándolos de posesión de vehículo de procedencia ilícita.

La víctima narró que ella y un hombre fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la colonia Bellavista, al norte de la capital morelense; ahí, según relató, fue llevada a un cuarto donde fue golpeada por los elementos policiacos.

“Me detuvieron, me subieron a la camioneta y me iban pegando. Iban revisando mi teléfono e hicieron que quitara mi huella y todo. Y pues yo quería hablar con un abogado porque yo escuché que dijeron que el carro no tenía reporte de robo y yo quería saber por qué me llevaban, pero no me dejaron hablar (por teléfono)”.

Luego de su denuncia, la mujer relató que se quedó 72 horas a disposición del Ministerio Público sin saber por qué delito había sido detenida; su cuarta noche la pasó en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, y al quinto día fue presentada ante el juez en la audiencia, pero su detención fue calificada de ilegal, por lo que tuvo que ser puesta en libertad inmediatamente exhibiendo el mal trabajo de los policías a cargo del órgano que procura justicia en la entidad.

El caso que cobró mayor notoriedad recientemente sobre la exposición de fabricación de delitos fue el María Luisa Villanueva, detenida en 1997 por agentes Antisecuestro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hoy Fiscalía.

Tras estos actos de los que fue víctima, fue condenada a 50 años de cárcel, y el pasado mes de enero, luego de cumplir 25 años, fue liberada del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, luego de acceder al beneficio de preliberación. Sin embargo, María Luisa no quería salir hasta demostrar su inocencia, por lo que literalmente fue cargada por los custodios hasta la salida del penal.

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Sin embargo, posteriormente los familiares solicitaron una segunda autopsia, pero por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, y tras el procedimiento, Ernestina Godoy Cruz, titular del órgano capitalino, informó que el deceso fue producto de un golpe.

Una de las amigas de Ariadna identificada como Vanessa “N” fue detenida como presunta participante en el feminicidio, y horas más tarde su novio, Rautel “N”, se entregó en Nuevo León a las autoridades, para posteriormente ser trasladado a la capital del país para ser encarcelado.

A través de redes sociales, Sara Martínez, amiga de Ariadna, contó cómo fue el trato en la Fiscalía de Morelos y cómo las autoridades los señalaron a ellos como los principales sospechosos de la muerte, e incluso a dos de ellos les habrían amenazado con detenerlos, de acuerdo en el relato.

Añadió que esta práctica en la que incurren las autoridades encargadas de brindar seguridad se da desde la detención, pues en diferentes casos son llevados a lugares, previo a ser puestos a disposición, donde ejercen toda clase de maltratos para buscar que confiesen crímenes que no cometieron.

“Hemos tenido varias quejas donde se señala precisamente a autoridades que, en el momento de la detención, ya no nada más de que fueran arbitrarias, sino que en las dilaciones que se da para ponerlas a disposición del Ministerio Público pues se genera un espacio propicio en lugares, incluso clandestinos, en donde se practica la tortura”, indicó.

A lo largo de estos cinco años, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha incrementado su presupuesto más del 50 por ciento, pasando de tener 554 millones de pesos en 2018 a mil 82 millones de pesos para este 2023, siendo hoy por hoy el noveno órgano procurador de justicia más caro del país; sin embargo, de acuerdo con el último reporte del índice de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF), la de Morelos ocupa los últimos lugares en esta materia.

Por cuánto hace a los feminicidios, otro de los delitos en que Morelos se encuentra en los primeros lugares en México, la Fiscalía señala que tiene una efectividad de más del 80 por ciento en resolución de estos casos, pero, según la citada empresa, solo el 14 por ciento de las víctimas indirectas de este delito acceden a la justicia.

En sus declaraciones, Carmona Gándara, ha hecho público que destinará 20 millones de pesos para la Fiscalía Especializada en Feminicidios, con lo que, a decir de él, podrán tener una mejor efectividad en la persecución de este delito, del cual tan sólo el año anterior se registraron 23 casos, la mayoría aún no resueltos, como el de la diputada Gabriela Marín, Melani Fernanda, en Huitzilac, y el caso que marcó a la actual administración de Uriel Carmona: el de Ariadna Fernanda.